
Sam Bankman-Fried lleva el caso FTX a la Corte Suprema para intentar anular su condena
Sam Bankman-Fried pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos revisar su condena por el fraude de FTX
am Bankman-Fried ha llevado su batalla judicial hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, en el que representa el principal recurso judicial que le queda para intentar revertir su condena relacionada con el colapso de FTX.
El fundador del exchange presentó el jueves una petición de writ of certiorari, mediante la cual solicita que la Corte Suprema acepte revisar las decisiones adoptadas por los tribunales inferiores.
Esto es importante: la Corte Suprema todavía no ha aceptado el caso. La presentación únicamente solicita a los magistrados que lo estudien. El tribunal puede rechazar la petición sin celebrar una audiencia ni explicar detalladamente sus razones.
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Bankman-Fried fue declarado culpable en noviembre de 2023 de siete cargos de fraude y conspiración relacionados con FTX y Alameda Research. En marzo de 2024, el juez Lewis Kaplan lo condenó a 25 años de prisión.
Ahora su defensa sostiene que determinadas decisiones tomadas durante el juicio limitaron indebidamente su capacidad para presentar su versión de los hechos.
Uno de los puntos centrales vuelve a ser la solvencia de FTX. Sus abogados argumentan que Bankman-Fried debería haber podido presentar pruebas destinadas a demostrar que existían activos suficientes para eventualmente devolver el dinero a los clientes y que, posteriormente, muchos acreedores terminaron recuperando sus reclamaciones mediante el proceso de bancarrota.
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La petición también cuestiona el decomiso de aproximadamente 11.000 millones de USD, que la defensa considera excesivo y contrario a las protecciones constitucionales frente a multas desproporcionadas.
El problema para Bankman-Fried es que una parte fundamental de esta estrategia ya fue rechazada.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó unánimemente su condena el 12 de junio de 2026. Los jueces determinaron que el hecho de que los clientes pudieran recuperar posteriormente su dinero no elimina un fraude cometido anteriormente.
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La posición del tribunal fue esencialmente que el perjuicio ocurrió cuando los fondos de los clientes fueron transferidos y utilizados de manera contraria a las condiciones bajo las cuales habían sido confiados a FTX. La posibilidad de devolver posteriormente ese dinero no modificaba esa conclusión jurídica.
Ese razonamiento es precisamente uno de los obstáculos que Bankman-Fried intenta ahora llevar ante la máxima instancia judicial estadounidense.
Son reducidas.
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La Corte Suprema recibe miles de peticiones de certiorari cada año y normalmente escucha argumentos en alrededor de 60 casos, por lo que presentar una petición está muy lejos de garantizar una revisión.
Además, la Corte Suprema generalmente no funciona como una nueva instancia dedicada simplemente a determinar si un tribunal anterior interpretó incorrectamente las pruebas. Suele concentrarse en cuestiones jurídicas de mayor alcance, como conflictos entre diferentes tribunales federales o preguntas constitucionales importantes.
Por ello, el primer desafío para Bankman-Fried no será demostrar que debe ser absuelto, sino convencer a los magistrados de que su caso plantea una cuestión jurídica suficientemente importante como para justificar la intervención de la Corte Suprema.
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La nueva batalla judicial tampoco paraliza el proceso de bancarrota de FTX.
La distribución de fondos a los acreedores se desarrolla separadamente del proceso penal contra Bankman-Fried. Incluso si la Corte Suprema decidiera aceptar su caso, eso no significaría automáticamente una modificación de los pagos establecidos dentro de la reorganización de FTX.
Bankman-Fried también mantiene abierta otra vía completamente distinta: solicitó formalmente un indulto presidencial a Donald Trump en junio de 2026.
Por ahora, sin embargo, la atención estará sobre la Corte Suprema. SBF ha conseguido llevar formalmente su caso hasta el máximo tribunal estadounidense, pero todavía falta el paso más difícil: que los magistrados acepten escucharlo.