La Unión Europea endurece las sanciones contra Rusia y apunta por primera vez a plataformas de criptomonedas de terceros países

La Unión Europea aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que, por primera vez, amplía su alcance hacia proveedores de servicios relacionados con criptomonedas establecidos fuera del territorio ruso. Las medidas forman parte del 21.º paquete de sanciones, considerado el más amplio adoptado por el bloque en los últimos cuatro años.

En total, la UE incorporó 218 nuevas personas y entidades a su lista de sancionados, además de imponer el congelamiento de activos a 94 bancos e instituciones financieras. El objetivo es restringir nuevas vías de financiamiento que, según Bruselas, han permitido a Rusia eludir las sanciones impuestas desde el inicio de la guerra en Ucrania.

La principal novedad del paquete es la creación de un nuevo instrumento legal que permite prohibir operaciones con proveedores de servicios de criptoactivos establecidos en un país determinado, sin necesidad de sancionar individualmente a cada empresa.

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Utilizando este mecanismo por primera vez, la Unión Europea prohibió transacciones con 14 plataformas de servicios relacionados con criptomonedas ubicadas en Georgia, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia. De acuerdo con las autoridades europeas, estas jurisdicciones habrían sido utilizadas por entidades sancionadas para canalizar operaciones financieras y evadir las restricciones internacionales.

Hasta ahora, las sanciones relacionadas con criptomonedas se dirigían principalmente a exchanges, billeteras o personas específicas, un proceso que permitía a los operadores trasladar sus actividades a nuevas plataformas. Con la nueva herramienta, la Unión Europea busca impedir ese tipo de maniobras restringiendo el acceso a proveedores de servicios de jurisdicciones completas.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmó que las nuevas sanciones forman parte de la estrategia para limitar las fuentes de financiación de Rusia y reforzar la presión económica sobre el país.

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La decisión también refleja un cambio en el enfoque de los reguladores europeos hacia el sector de los activos digitales, al considerar que la infraestructura vinculada a las criptomonedas puede desempeñar un papel relevante en la evasión de sanciones internacionales y requiere mecanismos de supervisión más amplios.