Formularon cargos contra un psiquiatra y una ex agente estatal por presunto fraude con licencias médicas

La jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, formuló cargos contra el psiquiatra Franco Mastronardi y la exagente estatal Noelia Fernández, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con certificados médicos otorgados a empleados públicos.

La fiscal adjunta Antonella Romagnoli acusó a Mastronardi por falsedad ideológica de certificado médico, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude contra la Administración Pública en grado de tentativa. A Fernández le atribuyó, como coautora, el delito de fraude en perjuicio del Estado en grado de tentativa.

La investigación comprende 97 certificados médicos emitidos entre enero de 2024 y marzo de 2025 para 31 agentes públicos, que habrían justificado un total de 2.989 días de inasistencias. La Fiscalía detectó diagnósticos psiquiátricos similares y períodos de licencia considerados extensos.

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En esta audiencia, sin embargo, la jueza aclaró que solo analizó los hechos vinculados con Fernández. Según la acusación, el 23 de agosto de 2024 Mastronardi le otorgó una licencia médica por 30 días y posteriormente consignó un cuadro de trastorno de pánico y agorafobia.

La Fiscalía sostuvo que dos días después de iniciado el período de licencia, Fernández salió del país rumbo a España, donde permaneció durante ese período. La situación fue advertida a través de publicaciones en redes sociales y llegó al sistema provincial de control de ausentismo.

Fernández fue convocada posteriormente a una Junta Médica presencial, pero no se presentó luego de que rechazaran su pedido para realizarla de manera virtual. Como consecuencia, el certificado fue declarado inválido y fue intimada a regresar a su puesto de trabajo.

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Las defensas cuestionaron las imputaciones. Fernández se abstuvo de declarar, mientras que los abogados de Mastronardi sostuvieron que una eventual diferencia de criterio médico no implica falsedad y reclamaron que cada certificado sea analizado mediante las pericias correspondientes.

Finalmente, la jueza tuvo por formulados los cargos contra ambos imputados y dispuso medidas de coerción leves durante cuatro meses. Fernández deberá comunicarse mensualmente con la Fiscalía y Mastronardi deberá firmar el libro de imputados. Además, rechazó la caución real y la prohibición de salida de la provincia, al considerar que no había motivos para aplicar medidas más gravosas.