Usura a cielo abierto

El 70% de la mora crediticia es con instituciones no bancarias, fintechs y billeteras virtuales que aplican usura a cielo abierto.

El formato de la discusión sobre los inéditos niveles de morosidad que registran los endeudados facilita el camuflaje y la impunidad del fabuloso negocio que ha montado la usura a expensas de quienes no reúnen las condiciones para calificar como sujetos de crédito en las entidades bancarias.

Es un punto central del problema, agravado por la expansión de las billeteras virtuales como mecanismo de captura mucho más penetrante que los de las casas financieras y los comercios que venden artículos en microcuotas.

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El 70% de las moras es con entidades no bancarias y billeteras virtuales, que aplican tasas de entre el 250 y el 500% anual. La exorbitancia es palmaria: en la banca tradicional, el costo financiero total alcanza como máximo el 140%.

A nivel nacional, el sistema financiero ampliado registra más de 20 millones de deudores, de los cuales 5,8 millones enfrentan situaciones de mora. De esa masa golpeada por la incapacidad de pago, casi 4 millones de personas pertenecen al circuito no bancario y a las plataformas fintech. Aunque las aplicaciones digitales representan poco más de la cuarta parte de los tomadores de crédito del país, explican casi siete de cada diez deudores irregulares y concentran el 66,5% de las deudas directamente catalogadas como incobrables.

Las deudas en mora promedio con la banca rondan los 5 millones de pesos. En las entidades no bancarias y aplicaciones es de 1,5 millones: la usura asfixia a los sectores de menores ingresos con créditos iniciales de montos insignificantes que terminan tornándose impagables.

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La situación es más dramática en Catamarca. Con un índice de morosidad general que alcanza el 34,8% de su cartera crediticia, la provincia se posiciona como la tercera más comprometida del país, solo superada por San Juan y La Rioja.

Entre 110.000 y 125.000 catamarqueños -alrededor del 40% de la población mayor de edad- mantienen deudas activas. La masa de morosos supera los 40.000, lo que significa que prácticamente uno de cada siete adultos de la provincia registra atrasos severos en sus compromisos financieros.

Pero mientras en la banca tradicional catamarqueña la mora ronda el 16,5%, en las billeteras virtuales y fintech trepa por encima del 31%.

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Al igual que en el promedio nacional, el 70% de los deudores en mora -más de 30.000 personas- cayeron en la trampa del financiamiento digital no bancario, y más de 20.000 personas ya han migrado a la Situación 5 del Banco Central, la categoría de deudas irrecuperables con más de 180 días de atraso.

Los datos permiten enfocar mejor el problema. Más de dos tercios de los morosos es víctima de la usura, que satisface su angurria al amparo de un Estado indiferente al fenómeno, lubricada por una combinación de vulnerabilidad social e irresponsabilidad en el otorgamiento de los créditos.

La barrera de entrada casi nula que ofrecen los usureros opera como un anzuelo irresistible: basta un DNI y la validación biométrica para obtener dinero instantáneo, sin requerir recibos de sueldo, garantías, ni revisiones estrictas sobre la capacidad real de pago. Esta facilidad ha capturado masivamente a los sectores informales, a empleados de menores ingresos y, más que nada, al segmento joven de entre 18 y 34 años.

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El segundo motor del fenómeno es la trampa del Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA). Cuando el deudor incurre en el primer atraso, las ya desmesuradas tasas nominales sumadas a las comisiones de otorgamiento, gastos administrativos y desmedidos punitorios transforman una deuda pequeña en una cifra geométricamente impagable. Ante la imposibilidad de afrontar la cuota, la víctima recurre al "bicicleteo": toma un nuevo microcrédito en una segunda o tercera aplicación para cancelar la mora de la primera.

El encadenamiento de préstamos acelera el sobreendeudamiento estructural.

Es el efecto de pagar sistemáticamente el mínimo de la tarjeta de crédito elevado a la enésima potencia.

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Chubut es la primera provincia que ha diseñado un esquema para al menos atenuar el impacto del flagelo. El gobernador Ignacio Torres anunció un programa para que quienes han caído en las garras de la usura puedan refinanciar sus deudas a una tasa del 25% anual a través del Banco de Chubut: el banco cancela la deuda con los usureros y las víctimas le pagan al banco en hasta 72 cuotas, a un interés que está diez puntos por debajo de la inflación.

El mandatario, además, eliminó los códigos de descuento por los cuáles los prestamistas retenían automáticamente las cuotas de los sueldos de sus víctimas.

"Nos encontramos con una estafa que está amparada legalmente. Yo no quiero que la provincia sea cómplice de la usura. Hay mutuales, cooperativas y pseudofinancieras truchas que venden créditos con códigos de descuento, con tasas de más del 340% anual. Son un puñado de vivos que hicieron un negocio fabuloso con la necesidad y la angustia de miles de familias", dijo el mandatario.

Es un ejemplo de cómo el Estado puede intervenir con instrumentos financieros frente al desmadre, pero conviene considerar también otros mecanismos.

El volumen de las moras con casas y dispositivos virtuales que aplican intereses usurarios es indicio de la deserción estatal.

No se trata sólo de la falta de una educación financiera que se hace más indispensable frente a la proliferación de plataformas para engarfiar incautos desesperados que eximen hasta del esfuerzo de hacer trámites presenciales.

Un factor medular de la escalada fue la indiferencia cómplice de las autoridades, que ni siquiera advirtieron sobre los riesgos de introducirse en el frenesí de los préstamos sin requisitos. Eso, por no hablar de la inexistencia de políticas y medidas tendientes a combatir a los usureros, que operan a cielo abierto, con total impunidad, ahora en el universo infinito del ecosistema virtual. Es irónico que las desmesuradas tasas que aplican billeteras virtuales y fintech no formen parte de lo que se conoce como "ciberdelitos".

El Ancasti viene informando sobre el crecimiento del flagelo en la Provincia desde hace años. En 2012 se conformó en el ámbito estatal un Comité para la Erradicación de la Usura. A tres lustros de su creación, el único resultado que puede exhibir es la prosperidad de lo que iba a exterminar.