Separaron a docente condenada por la muerte de su beba: la acusan de filmar alumnos

Escándalo en Palermo

Roxana Carolina Cayo regresó a las aulas tras cumplir su sanción administrativa, pero fue denunciada por padres de sexto grado por grabar a los niños y pedirles datos personales. El Ministerio de Educación porteño anunció modificaciones en la reglamentación vigente.

Una maestra condenada por la muerte de su beba regresó a dar clases en la Escuela N° 30 D.E.9 Granaderos de San Martín, en el barrio porteño de Palermo, y fue nuevamente separada de su cargo tras ser acusada de filmar a sus alumnos dentro del aula.

Se trata de Roxana Carolina Cayo, de 53 años, quien se reincorporó al sistema educativo en agosto de este año tras cumplir los años de inhabilitación administrativa fijados en su condena por la muerte de su recién nacida ocurrida en 2010.

A poco de asumir frente a alumnos de sexto grado, fue apartada por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ante las denuncias presentadas por los padres. Según los relatos de los menores, la docente los grababa con su celular, sancionaba a quienes se negaban a ser filmados y les pedía dibujar su DNI e indicar los lugares que frecuentaban. Ante las acusaciones, los tutores acudieron al establecimiento y las autoridades dieron intervención para apartarla e iniciar las investigaciones correspondientes.

En 2014, Cayo fue detenida en Florencio Varela luego de permanecer cuatro años prófuga por la muerte de su beba de seis meses, a quien dejó sola junto a sus hermanos menores para ir a un boliche en General La Madrid. Al regresar, encontró a la menor sin vida dentro de una caja con juguetes a causa de una hemorragia cerebral provocada por una caída desde la cama.

Durante el juicio fue condenada por homicidio doloso —calificación que le impedía ejercer la docencia a futuro—, pero la Cámara de Casación modificó la carátula a homicidio culposo, lo que modificó el alcance de su sanción.

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires explicaron que la legislación actual permite la reinserción al sistema educativo de docentes condenados por delitos culposos una vez cumplida la sentencia y finalizados los cinco años de cesantía administrativa.

A raíz de este hecho, la cartera educativa confirmó la separación inmediata de la docente, el inicio de la investigación sobre los hechos denunciados y el comienzo del proceso para modificar el decreto reglamentario de la ley vigente con el objetivo de evitar situaciones similares.