Quintela: "No estamos hablando de asfalto, estamos hablando de vidas"

Tras la confirmación del fallo judicial que lo habilita a impulsar medidas de prueba y auditar las cuentas públicas en la causa que investiga el manejo presuntamente irregular del Sistema Vial Integrado, el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, desplegó una contundente batería de declaraciones sobre el "calamitoso estado de las rutas nacionales". En una entrevista con FM Sol, de El Tribuno de Jujuy, el mandatario apuntó esta mañana contra la política de "déficit cero" de la Casa Rosada, a la que acusó de financiar "el superávit mediante el abandono del interior profundo" y la exposición diaria de los conductores a siniestros fatales en arterias que se encuentran totalmente deterioradas.

"No estamos hablando simplemente de kilómetros de asfalto o de una discusión técnica sobre presupuesto; estamos hablando de salvar vidas humanas que se ponen en riesgo diariamente, de productores que necesitan sacar su producción y de provincias enteras que necesitan infraestructura para no quedar aisladas", enfatizó el gobernador al analizar el estado crítico de las trazas nacionales.

La presentación judicial respaldada por La Rioja sostiene que, entre finales de 2023 y el primer semestre de 2026, el Sisvial recaudó una suma aproximada de $1,5 billones de pesos mediante el gravamen aplicado a cada litro de nafta o gasoil vendido en las estaciones de servicio de todo el país. Sin embargo, la asignación real ejecutada en obras de infraestructura vial apenas alcanzó los $394.406 millones, lo que representa un nivel de subejecución superior al 73%.

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"Los recursos que los argentinos pagan cada vez que cargan combustible tienen un destino claro y específico por ley. Sin embargo, mientras el Gobierno Nacional decidió parar obras estratégicas en nuestra provincia, esos fondos no fueron a parar a la infraestructura vial, sino a la especulación financiera y a sostener un esquema de ajuste desmedido", denunció Quintela durante el reportaje radial.

El titular del Ejecutivo riojano subrayó que esta metodología implica una expropiación indirecta de los recursos de las provincias y una alteración directa de las prioridades del Estado.

"La Rioja no va a naturalizar que se paralicen obras fundamentales mientras los recursos que aportan todos los argentinos cuando cargan nafta no llegan a donde corresponden. Cada litro de combustible pagado en el interior profundo tiene un porcentaje destinado legalmente a las rutas, pero las rutas siguen completamente abandonadas", remarcó el mandatario.

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El reclamo del mandatario no se limita a la contabilidad del presupuesto nacional, sino que atañe directamente a la parálisis de infraestructura clave para la región de Cuyo y el NOA. Quintela remarcó que el congelamiento de las tareas de mantenimiento -como el bacheo profundo, el repavimentado de tramos colapsados, la demarcación horizontal y la limpieza de banquinas- "ha transformado rutas estratégicas en verdaderos escollos para el transporte de producción agrícola e industrial".

"El Gobierno Nacional decidió parar unilateralmente obras que eran clave para nuestro desarrollo. Hoy la falta de inversión vial frena a nuestros sectores productivos y ahoga la economía local, porque las provincias terminan teniendo que asumir con recursos propios emergencias que corresponden al fuero federal, profundizando aún más las desigualdades regionales", señaló.

La judicialización

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Para Quintela, la decisión de judicializar el incumplimiento de las leyes de asignación específica de impuestos busca sentar un antecedente en la defensa de los recursos coparticipables y la autonomía provincial.

"Lo dijimos desde el primer día y lo sostenemos con hechos: no nos vamos a quedar de brazos cruzados presenciando en silencio cómo abandonan las obras que pertenecen a los argentinos y cómo le van quitando derechos a la ciudadanía. El federalismo no es una palabra vacía que se usa en los discursos, se defiende con hechos concretos en el territorio", aseveró el gobernador.

Finalmente, el mandatario riojano cuestionó con dureza el relato oficial que presenta la consolidación de las cuentas públicas como una meta sin costos sociales o estructurales:

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"Nos presentamos ante la Justicia porque ya no alcanza únicamente con el reclamo mediático o la protesta política; necesitamos que se determine con claridad a dónde fueron a parar esos fondos recaudados para el mantenimiento vial. Una política fiscal no puede ser calificada jamás como exitosa si para sostenerla tenés que abandonar la seguridad vial, congelar la conectividad y poner en riesgo la vida de la gente", concluyó.

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