"Qué macana que hicimos con esto": Fama lamentó que la Ley de Inocencia Fiscal alcanzara a funcionarios

El senador nacional aseguró que acompañó la iniciativa porque la consideraba necesaria, aunque admitió que le "dio mucha bronca" que no se excluyera a funcionarios y familiares

El senador nacional por Catamarca, Flavio Fama, defendió su voto afirmativo a la Ley de Inocencia Fiscal aunque reconoció su malestar por el alcance que finalmente tuvo la norma, al señalar que terminó beneficiando a funcionarios públicos y a sus familiares.

Consultado sobre cómo había votado el proyecto cuando fue tratado en el Senado, Fama fue contundente: "La voté positivamente. La voté positivamente". Sin embargo, explicó que durante el debate legislativo su espacio impulsó modificaciones para impedir que funcionarios públicos pudieran acceder a los beneficios contemplados por la ley.

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"Me dio mucha bronca. Me dio mucha bronca. Porque en su momento, cuando pasó por nuestras manos nosotros insistimos, nuestro bloque, que esté vedada para los funcionarios públicos y sus familiares", afirmó.

En declaraciones periodísticas, el legislador sostuvo que esa propuesta no prosperó durante las negociaciones parlamentarias y remarcó que el texto sancionado fue el resultado de los acuerdos alcanzados entre los distintos bloques.

"Las leyes a veces terminan siendo lo que uno puede, no todo lo que uno quiere, pero la voté, y eso es lo importante. La verdad me dio mucha bronca", expresó.

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Fama aclaró además que no existió un pedido formal para mantener ese punto fuera del proyecto y señaló que no atribuye esa decisión exclusivamente al oficialismo.

"No hubo un pedido formal, dentro de las negociaciones. No estoy hablando específicamente del oficialismo. Inclusive no recuerdo exactamente cómo fueron los pormenores, pero sí recuerdo que lo vimos al tema y, obviamente, lo tengo presente porque cuando pasó dijimos: 'Viste que nosotros estábamos proponiendo esto, qué macana que hicimos con esto', pero bueno", finalizó.

La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada por el Congreso a fines de 2025, promulgada por el Poder Ejecutivo y entró en vigencia el 2 de enero de 2026. En los últimos días volvió a quedar en el centro del debate público luego de cuestionamientos por el alcance de los beneficios previstos en la normativa.