Organizaciones exigen al gobierno de Salta detener desmontes que afectan a comunidades Wichí y bosques nativos

El 13 de agosto, Greenpeace Andino y la Fundación ASOCIANA presentaron una nota al gobernador Gustavo Sáenz de Salta y al secretario de Ambiente Alejandro Aldazábal para exigir la paralización inmediata de las topadoras que generan desmontes en el departamento San Martín.

Las organizaciones alertaron sobre la destrucción de más de 11.000 hectáreas de bosques nativos en lo que va de 2026, cifra que duplica la superficie desmontada en el mismo período del año anterior. Además, denunciaron amenazas y hostigamientos contra comunidades Wichí que habitan la zona.

Riesgos para comunidades y ecosistemas

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El documento advierte que la aprobación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) habilitó la deforestación de 721.568 hectáreas, poniendo en riesgo la vida de pueblos indígenas y la conservación de bosques en buen estado.

Las comunidades afectadas incluyen Pozo Nuevo, Cañitas, Paraíso, Arenales, Tonono, Pacará, Hoktek toi, Kilómetro 16, Kilómetro 20 y Monte Veo. Sus habitantes transmitieron temor por las presiones constantes de las cuadrillas de desmonte.

Las organizaciones identificaron tres casos principales:

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Finca Alcoba: trabajos de la empresa Desdelsur, vinculada a la familia Macera y Santiago Blaquier, sobre tierras habitadas por familias Wichí.

Finca Tonono: desbroces impulsados por Martín Morales, que cercaron el territorio de la Comunidad Pozo Nuevo y su cementerio comunal.

Cuenca del río Itiyuro: tala de 400 hectáreas en un área clave para el equilibrio hídrico regional.

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desmontes en Salta

Las comunidades Wichí enfrentan amenazas por los desmontes en Salta.

Críticas al marco regulatorio

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Las referentes Noemí Cruz (Greenpeace) y Ana Laura Álvarez (ASOCIANA) cuestionaron las Áreas de Producción Conservación (APC) bajo categoría "amarillo oscuro", señalando que carecen de sustento legal en la Ley Nacional de Bosques Nativos (Ley 26.331).

Según las organizaciones, los porcentajes de desmontes establecidos por algoritmo en las APC "no son un límite real", sino un mecanismo que convierte al bosque en un menú disponible para empresarios, destruyendo corredores ecológicos y territorios comunitarios.

Impactos ambientales y sociales

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Los desmontes en la cuenca del río Itiyuro fueron calificados como un "crimen directo hacia los habitantes del monte", que profundiza la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Además, favorecen la impunidad de empresarios que desde hace más de diez años intentan avanzar sobre estas zonas.

Fuente: Noticias Ambientales