La Rioja analiza la decisión del ENREGE sobre la Línea de 500 kV

Por Redacción NUEVA RIOJA

La decisión del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) de ratificar la autorización para las obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico destinadas al proyecto minero Vicuña abrió un nuevo escenario para el desarrollo de la minería en la región. Mientras la empresa destacó la medida por considerar que despeja uno de los principales obstáculos para avanzar con la iniciativa, según anticiparon a NUEVA RIOJA, el Gobierno provincial evalúa las acciones a seguir luego de haber expresado formalmente su rechazo durante el proceso administrativo.

La medida había sido adoptada originalmente por el entonces Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) mediante la Resolución 79/2026, pero quedó suspendida tras objeciones técnicas y regulatorias que obligaron a convocar una audiencia pública, realizada el 3 de junio en Buenos Aires. Allí expusieron sus reparos el Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE), representantes de La Rioja, municipios de San Juan y varias mineras competidoras, Barrick, Andes Corporación Minera (McEwen Copper-Los Azules), Golden Mining (Gualcamayo) y Casposo Argentina.

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El aspecto más controvertido de la resolución es la prioridad de uso otorgada a Vicuña sobre el 90% de la capacidad disponible de la nueva infraestructura, un derecho que también alcanza a la línea Nueva San Juan–Rodeo y que tendrá una vigencia de 25 años, equivalente a la vida útil estimada del proyecto minero.

La provincia fue uno de los actores que desde un principio intentó frenar la resolución. En declaraciones a este diario, el secretario de Energía, Alfredo Pedrali, reclamó que no correspondía "entregar a un privado una infraestructura construida con el esfuerzo de todas las provincias".

Detrás de la postura riojana hay un doble objetivo: que la futura línea de 500 kV, conocida también como "Línea Minera", entre Rodeo y Chaparro permita cerrar el anillo energético regional e integrar el sistema eléctrico provincial con el de San Juan, en lugar de quedar subordinada a un único proyecto privado; y que el financiamiento de la obra recaiga exclusivamente en la empresa, sin costos directos ni indirectos para las provincias.

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Pedrali advirtió que avanzar sin modificaciones podría comprometer la interconectividad eléctrica de su distrito y remarcó que la obra responde a una planificación conjunta entre provincias: San Juan aportó cerca de la mitad de la inversión inicial de la infraestructura existente y el resto fue financiado por otras jurisdicciones, entre ellas La Rioja. "El origen de toda esta infraestructura son años de esfuerzos compartidos", señaló.

En la audiencia de junio, la Secretaría de Energía de La Rioja objetó puntualmente que las obras proyectadas podrían comprometer la futura interconexión en 500 kV entre ambas provincias, un punto que considera clave para su propio desarrollo energético y para eventuales proyectos mineros propios. Con la resolución ya ratificada y sin cambios sobre ese punto, el reclamo riojano queda por ahora sin respuesta favorable.

Pese a los planteos, el organismo nacional mantuvo su postura inicial y desestimó la totalidad de las objeciones, tanto las de La Rioja como las del EPRE sanjuanino y las mineras competidoras. En los fundamentos, sostuvo que ninguna normativa provincial puede limitar el libre acceso a la red eléctrica nacional que establece la ley 24.065, y remarcó que las líneas de 500 kV son de jurisdicción federal.

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También argumentó que buena parte de las observaciones respondía a intereses particulares orientados a beneficiarse de una infraestructura financiada íntegramente por un privado, sin asumir los costos de las obras, y descartó que la prioridad otorgada a Vicuña comprometa las necesidades energéticas futuras de la región, al considerar que los estudios de Cammesa acreditan disponibilidad suficiente.

El plan de infraestructura contempla cuatro componentes: la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo; la reconversión de la línea existente entre ambas, que pasará de 132 kV a 500 kV; una nueva línea de extra alta tensión de unos 167 kilómetros entre Rodeo y una nueva Estación Transformadora Chaparro; y una conexión adicional de 220 kV entre Chaparro y la estación Josemaría, fuera del SADI. Se trata de una inversión íntegramente privada, según remarcó la empresa, que una vez concluida pasará a integrar el Sistema Argentino de Interconexión bajo operación de Transener.

El proyecto Vicuña, controlado por BHP y Lundin Mining, prevé una inversión inicial de USD 9.700 millones, que podría escalar hasta USD 18.000 millones en una década y una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, además de oro y plata.