La Justicia le puso un freno a Milei y ordenó girar los fondos para las universidades

La Justicia volvió a poner en cuestión la decisión del Gobierno de Javier Milei de frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de inmediato con la Ley 27.795.

El juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades, docentes y la Universidad de Buenos Aires (UBA), y dispuso que el Gobierno aplique las disposiciones de la ley.

El decreto cuestionado había promulgado la Ley de Financiamiento Universitario, pero al mismo tiempo había suspendido su aplicación, bajo el argumento de que la norma no establecía de manera suficiente las fuentes de financiamiento para afrontar los gastos previstos.

Sin embargo, Cormick sostuvo que la propia Ley 27.795 contempla en su artículo 9° las pautas para financiar las medidas establecidas y consideró que el Congreso cumplió con los requisitos necesarios al aprobar la norma y luego insistir con ella tras el veto presidencial.

En ese sentido, el magistrado señaló que el Decreto 759/25 "no supera un test mínimo de razonabilidad", ya que permite suspender e inaplicar una ley que había sido aprobada por el Congreso con las mayorías agravadas previstas por la Constitución Nacional.

Una disputa que comenzó en 2025

El conflicto se inició en agosto de 2025, cuando el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario. En octubre de ese año, el Poder Ejecutivo observó la totalidad del proyecto mediante el Decreto 647/25.

Luego, Diputados y Senado insistieron con la iniciativa y reunieron dos tercios de los votos en ambas cámaras, por lo que la norma quedó sancionada de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Nacional.

El 20 de octubre de 2025, el Gobierno promulgó la ley mediante el Decreto 759/25, pero decidió suspender su aplicación hasta que se incorporaran al Presupuesto nacional las partidas correspondientes.

La medida fue cuestionada por universidades y organizaciones del sector, que recurrieron a la Justicia para exigir el cumplimiento de la ley.

En diciembre de 2025, el juez Cormick había dictado una medida cautelar y ordenado al Ejecutivo cumplir de manera inmediata con los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la mejora de los salarios docentes y el pago de las becas universitarias.

Esa decisión fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y posteriormente ratificada por la Corte Suprema de Justicia el 25 de junio de 2026.

Pese a esas resoluciones, el Gobierno continuó sin cumplir plenamente con las obligaciones establecidas por la ley. Por ese motivo, durante septiembre el juez volvió a intimar al Poder Ejecutivo en dos oportunidades.

Ahora, al resolver la cuestión de fondo, Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó al Gobierno de Javier Milei cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario, en un nuevo capítulo del conflicto entre el Ejecutivo y las universidades nacionales.