La investigación bonaerense que vuelve a poner bajo la lupa a Worldcoin y el escaneo de iris en Tucumán

La investigación que lleva adelante la Justicia bonaerense por una organización acusada de captar personas vulnerables para obtener sus datos biométricos y utilizarlos en maniobras financieras volvió a poner bajo la lupa una práctica que hace dos años también había generado una gran convocatoria en Tucumán. En 2024, la empresa Worldcoin arribó a la provincia con una propuesta similar: ofrecía criptomonedas a quienes aceptaran escanearse el iris de los ojos. La diferencia, hasta el momento, es que en Tucumán no se registraron denuncias por estafas o robos de datos vinculados con aquella actividad.

La llegada de Worldcoin se produjo el 4 de junio de 2024. Días después, decenas de tucumanos se acercaron a un local ubicado en avenida Siria al 1.600, donde se había instalado uno de los dispositivos conocidos como "orb", una cámara esférica diseñada para captar los patrones del iris y generar una identificación digital. La empresa, fundada entre otros por Sam Altman, creador de ChatGPT, sostenía que su objetivo era crear una herramienta para demostrar que una persona es un ser humano único frente al avance de la inteligencia artificial.

La propuesta generó gran convocatoria y también interrogantes. Según informó LA GACETA en aquel momento, a los interesados se les ofrecía una suma que rondaba entre $50.000 y $60.000 en criptomonedas. En las redes sociales aparecieron personas que se ofrecían a convertir esos activos digitales en pesos a cambio de una comisión. Incluso algunos de los asistentes admitían que desconocían exactamente qué procedimiento iban a realizar o qué ocurriría con la información obtenida.

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La aparición de una investigación penal en Buenos Aires, con personas acusadas de utilizar datos biométricos para abrir cuentas y mover millones de pesos, vuelve a instalar aquella preocupación. "Estos casos son parte de un fenómeno que está en crecimiento, y nuestra provincia no será ajena. El robo de datos biométricos, a diferencia de una contraseña o una tarjeta, es que el iris, la huella o el rostro no se pueden 'cambiar' si son robados", advirtió el abogado Juan Guerrero.

También señaló que este tipo de maniobras puede resultar efectivo porque combina dos factores. "Por un lado está la necesidad económica, que en tiempos actuales esto aumenta, y por otro lado está la falta de información sobre el destino que tendrán los datos. Las víctimas creen que es una simple foto y nada más, sin saber que están dando un manejo de llaves digitales a los delincuentes para que puedan tomar préstamos o abrir cuentas a su nombre", dijo.

Para el abogado Jaime Roig no solo importa qué puede ocurrir con esos datos en el presente, sino también qué usos podrían tener en el futuro. "Que una persona entregue sus datos biométricos a una empresa implica entregar la clave de la propia identidad digital", sostuvo.

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Roig explicó que una eventual filtración podría permitir el acceso a cuentas bancarias, billeteras virtuales u otros servicios que utilizan mecanismos biométricos para validar la identidad. Pero advirtió sobre un riesgo adicional. "Los avances tecnológicos que vendrán en el futuro seguramente van a poder hacer con esos datos cosas que hoy ni imaginamos y que la persona que firmó la cesión nunca tuvo en mente al contratar".

Dos años después de aquella experiencia, Roig recomendó a quienes participaron del procedimiento que intenten determinar qué ocurrió con la información que entregaron. "Los tucumanos que en 2024 aceptaron dinero a cambio de escanear su iris deberían preguntarse, en primer lugar, qué empresa quedó a cargo de sus datos y si esa empresa sigue operando de la misma manera", sostuvo. También consideró necesario averiguar dónde fueron almacenados esos datos, si fueron compartidos con otras compañías o con otros países y cuál fue exactamente el uso autorizado.

El abogado explicó que en Argentina existe una vía administrativa para realizar ese tipo de consultas. Se trata de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), autoridad de aplicación de la Ley 25.326. Según Roig, una persona puede solicitar que una empresa informe qué datos conserva, dónde los guarda y con quién los compartió.

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Además, recomendó conservar toda la documentación relacionada con aquella operación. "Conviene guardar todo lo que tenga relación con esa cesión de datos mientras dure el vínculo con la empresa, e incluso después. Ese respaldo va a ser fundamental si, más adelante, la empresa que quedó con los datos es comprada por otra, vende esa parte de su negocio, quiebra o transfiere sus activos a un tercero. Sin esa documentación, después es mucho más difícil reclamar", señaló.

Otro de los interrogantes planteados por la investigación bonaerense es qué sucede si una persona entregó voluntariamente sus datos y posteriormente estos fueron utilizados para cometer un delito. Para Roig, esa circunstancia no convierte al ciudadano en responsable de la maniobra. En ese sentido, sostuvo que quienes participaron del escaneo de Worldcoin lo hicieron de buena fe y que, si sus datos fueran utilizados posteriormente para una actividad delictiva, serían víctimas. "El hecho de entregar el dato no la convierte en responsable de lo que otro haga con él de manera delictiva", afirmó.

El profesional también informó que una persona puede solicitar la eliminación de sus datos. "El derecho a pedir la eliminación de los datos existe por ley, más allá de lo que diga el documento que la persona haya firmado. Una cláusula predispuesta en un formulario no tiene más fuerza que la normativa vigente. Ninguna empresa puede negarse a borrar los datos simplemente porque el contrato no lo prevé. La persona puede pedir la eliminación, por ejemplo, cuando esos datos ya no son necesarios para el fin con el que fueron recolectados, cuando no se le explicó correctamente para qué se los iban a usar, o cuando directamente se les está dando un uso indebido", sostuvo.

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Ante un reclamo, el primer paso es acudir a la AAIP. Si esa vía no resulta suficiente, existe la posibilidad de recurrir a la Justicia de Tucumán mediante una medida autosatisfactiva, una herramienta destinada a resolver situaciones urgentes.