La estafa de las "casas recuperadas": una falsa gestora seguirá detenida mientras aparecen nuevas víctimas

Resumen para apurados

El sueño de la casa propia en Lomas de Tafí se convirtió en una pesadilla económica para al menos cuatro familias tucumanas, aunque los investigadores sospechan que la red de damnificados es mucho más amplia. "Ruby", una mujer de 58 años que se presentaba como una gestora con aceitados contactos en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbanístico (Ipvdu), enfrenta ahora una prórroga de su prisión preventiva mientras la Justicia analiza las pruebas recolectadas en su teléfono celular.

El modus operandi de la imputada era siempre el mismo: ganarse la confianza de personas vulnerables con el argumento de tener "influencias" y trabajar junto a abogados que presentaban petitorios para la adquisición de casas recuperadas.

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Según la investigación de la Unidad Fiscal de Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, la mujer prometía viviendas en el codiciado barrio de Lomas de Tafí a cambio de fuertes sumas de dinero.

En uno de los casos más graves, registrado en octubre de 2022, una víctima le entregó un total de $2,5 millones bajo la promesa de una adjudicación que nunca se concretó. En otro hecho similar, un matrimonio entregó sus ahorros creyendo que accedían a una casa recuperada para familias vulnerables.

La fiscalía detalló que, una vez que el dinero estaba en manos de "Ruby", las fechas de entrega se postergaban sistemáticamente con excusas burocráticas hasta que el contacto finalmente se cortaba.

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La ambición de la falsa gestora no se limitaba al rubro habitacional. De acuerdo al requerimiento fiscal, la acusada también aseguraba tener vínculos con policías y políticos para comercializar vehículos "recuperados del delito". Bajo este pretexto, logró estafar a una mujer a quien le ofreció una camioneta y un tractor que supuestamente pertenecían a la Comuna de Delfín Gallo.

La víctima, confiada en la supuesta "oportunidad", realizó pagos durante varios meses por un monto superior a los $700.000. Sin embargo, al igual que ocurrió con las viviendas del Ipvdu, los vehículos nunca existieron y el dinero se esfumó. Estas maniobras llevaron a la fiscalía a investigar si la imputada contaba con la complicidad de terceros o personal de la administración pública para dar verosimilitud a sus promesas.

Hoy, durante una audiencia multipropósito, la auxiliar de fiscal Emely Rafael solicitó la prórroga de la investigación penal preparatoria y de las medidas de coerción contra la imputada por el término de cuatro meses. El pedido se fundamentó en la aparición de una nueva denuncia y en la necesidad de procesar una gran cantidad de evidencia digital.

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La mirada de los investigadores está puesta ahora en el peritaje del teléfono móvil de la acusada. "Debemos determinar si estas conductas configuran un fraude en perjuicio de la administración pública y si existe complicidad penal de otros actores", señaló Rafael ante el juez.

Mientras "Ruby" permanece tras las rejas, las autoridades instaron a posibles damnificados que aún no hayan denunciado a presentarse en los tribunales penales, sospechando que la cifra total de la estafa podría ser millonaria.