La aflicción de moda

Indiferencia. La mora crediticia creció en forma sostenida durante un año y medio sin alarmar a nadie.

El aluvión de iniciativas legislativas propuestas para atemperar el sobreendeudamiento viene contaminado de oportunismo y demagogia. Resulta esclarecedor advertir que la competencia por obtener algún provecho proselitista de la aflicción de moda se dispara recién cuando comienza a amesetarse una escalada sostenida de un año y medio, que coincidió con la expansión del crédito, sobre todo en billeteras virtuales y fintechs. Todavía es prematuro afirmar que el ciclo se revirtió, pero sí hay una señal objetiva de desaceleración.

El nivel de morosidad con el sistema financiero expandido pasó del 2,5 al 12,8% entre diciembre de 2024 y junio de este año, con una notoria aceleración entre desde marzo del año pasado.

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La irregularidad se incrementó un 412% en 18 meses. De ese porcentaje, el 248% se produjo entre marzo del 25 y marzo de este año.

Son cifras públicas demasiado significativas como para que no las notaran los linces de la política y aspirantes a estadistas, de la oposición o el oficialismo.

La carga de los servicios de deuda sobre la masa salarial se duplicó entre marzo de 2024 y marzo de 2025 La carga de los servicios de deuda sobre la masa salarial se duplicó entre marzo de 2024 y marzo de 2025

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El dato que más debería haberlos alertado sobre lo que se estaba incubando asomó hace más de un año, en marzo de 2025: la carga de los servicios de deuda sobre la masa salarial era para entonces del 18,7%, más del doble que un año antes.

La secuencia en este aspecto es interesante para calibrar la dimensión de la prescindencia política e institucional. En septiembre de 2023, la carga de los servicios de deuda sobre el salario era del 11,5%. Un año después, tras una baja en marzo, ya estaba en el 13 y se disparó al 18,7% en marzo del 2025. 108% más, precisamente en el mes en que comenzó a acelerarse la mora crediticia.

Esto no hace menos cierto ni dramático el hecho de que la mayor parte de las deudas se tomaron para consumo, en un contexto donde los salarios continúan a la zaga de la inflación, pero indica lo tardío de la reacción de una política que mantuvo una actitud contemplativa mientras el estallido se incubaba, con un ingrediente adicional que expone la hipocresía: se cobraban intereses usurarios a cielo abierto sin que a ninguno de los que ofician de salvadores se le moviera un pelo.

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Total normalidad. Si en Catamarca cunden las financieras y casas de venta de electrodomésticos que exprimen incautos y desesperados sin obstáculos desde hace años, era una ingenuidad suponer que irían a alzarse prevenciones ante los intensos oferentes de créditos virtuales a solo un click.

Aunque es evidente que el deterioro del poder adquisitivo constituye un elemento importante del fenómeno, los salvatajes que se postulan podrían terminar beneficiando a quienes aprovechan la crisis para prestar indiscriminadamente y subestimando el riesgo crediticio.

Hay que tener en cuenta que las moras y los "defaults" personales forman parte de la ecuación de la usura con una exactitud tal que no pueden razonablemente considerarse pérdidas. Están perfectamente compensadas y superadas por las desproporcionadas tasas que pagan los que cumplen y por lo que los propios morosos abonan hasta que dejan de pagar.

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Esto es tan así que, como se ha señalado ya en este mismo espacio, entidades de lo más prestigiosas están liquidando sus carteras "basura" por cifras irrisorias como el 4% del valor nominal. Las adquieren organizaciones que no tienen inconvenientes en aplicar métodos expeditivos para cobrar y que con recuperar una parte, el 10%, por ejemplo, hacen un más que lucrativo negocio.

Si la asfixia financiera de miles de familias amerita alguna respuesta, no debería perderse de vista que la usura permanece impune y podría encontrar en esos auxilios la vía para continuar con su expolio. Las preocupaciones de la política ganarían credibilidad si señalaran claramente a quienes vienen engullendo a dos carrillos e incluyeran las sanciones previstas para los usureros en el Código Penal.