Juzgan a dos tucumanos por un doble crimen en Orán

Resumen para apurados

Los tucumanos Elvio Augusto Díaz y Carlos Fernando Rodríguez, conocido como "Kokoz", junto con el oranense Roberto Enrique Larrán, comenzaron a ser juzgados por el doble homicidio de Wilson Abdala Zutara y Ariel Ledezma Salinas, ciudadanos bolivianos que residían en ese país. En mayo de 2024 fueron encontrados sin vida en un paraje rural cercano a la localidad salteña de Orán. La acusación sostiene que los tres participaron en un plan para interceptarlos, reducirlos y ejecutarls. Las defensas, en cambio, niegan esa reconstrucción y aseguran que la investigación presenta contradicciones que impiden atribuirles los asesinatos.

El debate se desarrolla ante un jurado popular, bajo la conducción del juez técnico Raúl Fernando López. Durante la primera jornada se seleccionaron los 12 integrantes titulares y los cuatro suplentes. Después de los alegatos iniciales, los tres imputados declararon y se proclamaron inocentes. Rodríguez y Larrán respondieron preguntas de la Fiscalía, mientras que Díaz optó por no contestar.

Díaz es procurador y fue candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi por Libres del Sur. En esa ciudad también es conocido por su vínculo con el rugby y su participación en actividades comunitarias. Según información difundida durante la investigación, colaboraba con comedores y merenderos y mantenía una relación estrecha con el club La Querencia.

Por su parte, "Kokoz" Rodríguez es empleado municipal de Juan Bautista Alberdi y fue señalado como cercano a José Roldán, ex secretario de Hacienda de esa localidad. Rodríguez se entregó a la Policía luego de enterarse de que era buscado por los investigadores.

Según la reconstrucción presentada por la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, el recorrido que desembocó en el doble crimen comenzó el 9 de mayo de 2024. Ese día, Díaz y Rodríguez habrían llegado desde Tucumán a Orán en un Toyota Corolla negro y se alojaron en el hotel El Crillón, ubicado en el centro de la ciudad.

La Fiscalía sostiene que, poco después de instalarse, Díaz mantuvo un breve encuentro con Larrán, quien se movilizaba en una camioneta Toyota gris carrozada.

Más tarde, Díaz se reunió con Zutara y Ledesma en la confitería Pausa. De acuerdo con la hipótesis acusatoria, el encuentro se produjo en un contexto de confianza entre el procurador y las víctimas. En determinado momento, Díaz habría salido del local y entregado un pequeño bolso oscuro a Larrán, que lo esperaba en la esquina, dentro de su camioneta.

Para los fiscales María Soledad Filtrín Cuezzo, Lorena Martínez y Pablo Alejandro Cabot, ese episodio forma parte de una secuencia de movimientos coordinados antes del ataque. La acusación afirma que no se trató de un encuentro casual, sino de una maniobra preparada para aprovechar la indefensión de los dos hombres.

La presencia de los dos tucumanos en Orán es uno de los ejes del debate. Díaz sostuvo que había viajado por motivos profesionales y que tenía pendiente cobrar honorarios por gestiones realizadas para la familia de una de las víctimas. Rodríguez, por su parte, cuestionó la reconstrucción fiscal y afirmó que su presencia en el lugar no demuestra que haya participado del crimen.

La Fiscalía considera que las circunstancias del ataque son compatibles con una ejecución planificada. En su alegato de apertura, la fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo advirtió que no necesariamente habrá testigos directos de los disparos, pero afirmó que las pruebas permitirán reconstruir la participación de los acusados.

"La fiscalía le demostrará que esto no fue un encuentro casual, un encuentro fortuito, sino que fue un asesinato planeado previamente, coordinado, aprovechando que estas personas se encontraban indefensas", sostuvo la representante del Ministerio Público.

La escena del crimen estaba en una zona rural y no había, según la Fiscalía, testigos presenciales que pudieran identificar directamente a quienes dispararon. Sin embargo, durante las últimas jornadas comenzaron a declarar personas que estuvieron en las inmediaciones y que aportaron detalles sobre lo ocurrido aquella madrugada.

Dos amigos de Colonia Santa Rosa contaron que habían salido a cazar y que, mientras se encontraban en el sector, escucharon varias detonaciones. También habían advertido las luces de un vehículo estacionado sobre la banquina. En un primer momento, pensaron que los disparos provenían de otros cazadores.

Después de un rato, cuando observaron que el vehículo se retiraba, decidieron acercarse. Fue entonces cuando encontraron los cuerpos de los dos hombres y dieron aviso a la Policía. Los testigos aclararon que en la zona también trabajaba una cosechadora cuyo ruido dificultaba escuchar con claridad lo que sucedía alrededor.

Otra declaración relevante fue la de la hermana de Zutara. La mujer contó que había visto a su hermano antes de que viajara desde Bermejo, en Bolivia, hacia Buenos Aires, acompañado por Ledesma. Según relató, ambos llevaban el automóvil y tenían previsto comprar dólares para luego venderlos en Bolivia.

El planteo de la Fiscalía encontró una fuerte resistencia de los abogados defensores, especialmente en relación con la ubicación de Díaz y Rodríguez durante el horario estimado del crimen.

La defensa de Díaz, representada por Mabel Castillo y Miguel Nicolás Fernández, sostuvo que la acusación se apoya en sospechas y no en pruebas concluyentes. Fernández explicó que su cliente había viajado a Orán para cobrar honorarios por tareas profesionales vinculadas con la familia de una de las víctimas. "Él venía a cobrar sus honorarios legítimos producto de un trabajo", afirmó el abogado, quien también cuestionó la falta de pruebas genéticas que vinculen a Díaz con el ataque.

Según la defensa, el informe pericial no detectó material genético de su representado en los raspajes de manos y uñas de las víctimas. También remarcó que no se secuestró un arma en su poder ni se acreditó mediante una prueba específica que hubiera efectuado disparos.

Castillo fue más allá y acusó a la Fiscalía de haber construido una hipótesis sin investigar de manera objetiva todas las alternativas. "La fiscalía no investigó para conocer la verdad sino para sostener una acusación a cualquier costo", sostuvo ante los integrantes del jurado.

El defensor de Rodríguez, Cristian Morales Poma, centró su exposición en los registros de las cámaras de seguridad. Según su interpretación, las grabaciones ubican al Toyota Corolla negro en la zona de la rotonda de Pichanal y la ruta nacional 34 a las 3.10 y a las 3.15, cuando, de acuerdo con otros elementos de la causa, el crimen habría ocurrido en las inmediaciones de Colonia Santa Rosa.

"Es imposible que una persona humana esté en dos lugares al mismo tiempo", planteó Morales Poma, quien también señaló que, a su criterio, no se profundizó sobre la presencia de una motocicleta mencionada por testigos ni sobre registros de antenas telefónicas que ubicarían a una de las víctimas en el centro de Orán alrededor de las 3.30.

El juicio también vuelve a poner bajo la lupa los vínculos que las víctimas mantenían en Tucumán y las actividades comerciales que habrían motivado su viaje al norte salteño.

Informaciones publicadas en LA GACETA sobre el caso señalan que Zutara tenía contactos en la provincia y que habría realizado gestiones para abrir un comercio de venta de celulares en San Miguel de Tucumán. También surgieron sospechas sobre posibles relaciones entre algunos de los involucrados y circuitos de comercialización de drogas.

Antes del doble crimen, Díaz era investigado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en una causa por presunto transporte de estupefacientes. Durante la investigación del homicidio se incorporaron escuchas telefónicas en las que, según la acusación, se mencionaban armas de fuego que podrían guardar relación con las utilizadas en el ataque.

El caso adquirió una dimensión adicional por las conexiones atribuidas a Rodríguez con el entorno político de Alberdi. El acusado fue señalado como una persona cercana al ex secretario de Hacienda de ese municipio, José Roldán, que se encuentra imputado por una causa de lavado de activos. Esos antecedentes y las sospechas sobre posibles negocios vinculados con drogas forman parte del contexto que rodeó al caso, aunque no constituyen por sí mismos una prueba de participación en el doble homicidio.

Las defensas rechazaron que esas relaciones puedan utilizarse para demostrar culpabilidad. Díaz aseguró que su viaje respondía a motivos profesionales, mientras que Rodríguez sostuvo que había trasladado al procurador por un favor relacionado con la situación de Deportivo Marapa.