Ione Belarra deberá pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle corrupto

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido condenada a pagar 9.000 euros de indemnización al juez jubilado Manuel García-Castellón por llamarle “corrupto”.

El Tribunal de Instancia de Madrid ha considerado que este apelativo perjudicó el honor del magistrado retirado.

En la sentencia de la plaza 45 de la sección civil del tribunal de instancia de Madrid, a la que ha tenido acceso EFE, el juzgado considera que las manifestaciones que vertió Belarra en la red social Twitter (ahora X) en 2024 generaron al juez jubilado “un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros”.

La cuantía dista bastante de la demandada por García Castellón, que pedía 350.000 euros a Belarra.

Además del pago de la indemnización, la diputada de Podemos deberá difundir el contenido de la sentencia en su perfil de Twitter, al ser esta la plataforma en la que se produjo la intromisión en el derecho al honor.

Podrá utilizar, en su defecto, medios con semejantes características.

Es un mandato que todavía no ha cumplido.

“Este y otros jueces corruptos” Belarra ha cargado en varias ocasiones contra García-Castellón en sus redes sociales, especialmente en el año 2024.

Este juez fue el encargado durante su tiempo en la Audiencia Nacional del caso Dina y la supuesta financiación irregular de Podemos, que finalizaron sin ninguna imputación.

La demanda de García-Castellón se centraba en un mensaje del 2 de septiembre de 2024, cuando el BOE publicó la jubilación forzosa del magistrado.

“Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE.

Vergüenza", afirmó Belarra en sus redes sociales.

El juzgado ha considerado que “aquellas manifestaciones constituyen la atribución directa al demandante de la condición de delincuente y corrupto, lo que para cualquier ciudadano, al margen de su profesión, constituye la imputación más grave que puede hacerse, solo graduable en función del delito de que se trate”.

La sentencia añade que “la imputación del delito de prevaricación es, quizá con el cohecho, la peor de las que profesionalmente cabe atribuir a un juez o magistrado”.

Concluye que las acusaciones de Belarra “no contienen sustrato fáctico alguno” y se limitan a “la simple y pura descalificación profesional del demandante, sin acotación alguna”.

No es la única mención a García-Castellón de ese año: "García-Castellón no tenía ganas de jubilarse y continúa la guerra sucia judicial contra Podemos.

Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para perseguir a los adversarios políticos de la derecha, es corrupción, con o sin condena“, dijo el 20 de septiembre.

“Afirmar que el señor García-Castellón es un juez corrupto que ha utilizado su posición profesional para perseguir a los adversarios políticos del Partido Popular y para proteger a los corruptos del Partido Popular no es una opinión, es una pura descripción de la realidad”, reiteró en 2025, ante la denuncia del magistrado.

La causa, que comenzó en el Tribunal Supremo, terminó por dilucidarse en un juzgado de primera instancia, pues el Alto Tribunal consideró que Belarra no había actuado “en el ejercicio de su cargo”.