Frenan el plan de Trump de construir un nuevo salón de baile en la Casa Blanca

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, carece de autoridad para construir unilateralmente un nuevo salón de baile donde antes se encontraba el Ala Este en la Casa Blanca, y determinó que el proyecto de 400 millones de dólares requiere la aprobación del Congreso.

Trump anunció rápidamente que apelará el fallo directamente ante la Corte Suprema, lo que prepara un enfrentamiento ante los magistrados por la controvertida construcción del salón de baile.

En una decisión de 2 a 1, un panel del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos respaldó a un tribunal inferior al dictaminar que la Casa Blanca "muy probablemente" carecía de autoridad para demoler y reconstruir el Ala Este.

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Los jueces afirmaron que el Congreso tiene "pleno control constitucional sobre la propiedad federal y la financiación de su mantenimiento y desarrollo", y señalaron la "ausencia de cualquier autorización expresa o implícita" que otorgue al presidente Trump la capacidad de construir el salón de baile, reportó la cadena CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

"Cada presidente es un inquilino temporal de la Casa Blanca"

"Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva. El presidente no tiene —ni reclama— autoridad constitucionalmente asignada sobre esa propiedad, que está diseñada y mantenida para el uso de todos los presidentes, actuales y futuros, y para el pueblo estadounidense", escribieron los jueces en su dictamen.

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"No tenemos constancia de ningún caso en la historia de Estados Unidos en el que un presidente, de forma unilateral y utilizando fondos privados, haya demolido partes sustanciales de la Casa Blanca cuya construcción había sido autorizada por el Congreso y financiada por los contribuyentes estadounidenses», declararon los jueces. "Hasta ahora".

Los jueces Patricia Millett y Bradley Garcia redactaron la opinión mayoritaria. La jueza Neomi Rao, nominada al tribunal federal por Trump, emitió un voto disidente. Millett y Garcia fueron nominados por los presidentes Barack Obama y Joe Biden, respectivamente.

Los jueces aplazaron su decisión durante 14 días para dar al gobierno la oportunidad de apelar.

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Trump: fallo "horrendo, políticamente motivado e ilegal".

En respuesta a la decisión del tribunal, Trump escribió en una publicación en Truth Social que la administración "apelará de inmediato ante la Corte Suprema de los Estados Unidos" y calificó el fallo de "horrendo, políticamente motivado e ilegal".

"Esta decisión injusta debe ser revocada íntegramente por la Corte Suprema", escribió el presidente.

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Alegó que esto "pone en grave peligro la vida y el bienestar de las personas que trabajan y trabajarán en la Casa Blanca", ya que la paralización de las obras en el salón de baile afectaría la construcción del búnker subterráneo, que forma parte del proyecto. Sin embargo, el fallo del tribunal inferior, ratificado por el tribunal de apelaciones, permite explícitamente que continúen las obras en el búnker presidencial.

En un comunicado, Brent Leggs, presidente y director ejecutivo del National Trust for Historic Preservation, dijo estar "satisfecho" con el fallo.

"Esta decisión cobra especial relevancia al celebrar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia y abogar por una mayor protección del patrimonio histórico", declaró Leggs.

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"La Casa Blanca, un hito mundial que simboliza la identidad estadounidense y los ideales de la democracia, pertenece al pueblo estadounidense. El National Trust for Historic Preservation y sus socios se enorgullecen de defender este monumento insustituible en nombre de todos los estadounidenses", puntualizó.

En abril, un juez federal en Washington ordenó a Trump que detuviera toda la construcción del salón de baile hasta que el Congreso aprobara sus planes. Sin embargo, el tribunal de apelaciones le permitió continuar con el proyecto mientras se revisaba el caso. El fallo del viernes revoca esa decisión anterior y deja claro que todo el proyecto requiere la aprobación del Congreso.

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