Entre planteos políticos y pruebas en discusión, la Cámara define el futuro del desafuero de Galán

El veredicto se conocerá el 15 de septiembre

La defensa del diputado adelantó que si el fallo resulta adverso, interpondrá un recurso de casación ante la Corte de Justicia.

La Cámara de Apelación quedó en condiciones de resolver si confirma o revoca la decisión judicial que habilita el pedido de desafuero del diputado Javier Galán. Durante la audiencia de oposición realizada ayer, la defensa del legislador cuestionó que los hechos denunciados constituyan delitos y sostuvo que detrás del proceso existe una intención de afectar la representación política de un diputado opositor. La querella, en cambio, defendió la investigación y afirmó que el juez reunió elementos suficientes para avanzar con el pedido.

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El abogado defensor Berber argumentó que ninguna de las conductas atribuidas a Galán encuadraría en los delitos de amenazas, peculado de servicios y exacciones ilegales. Respecto de la denuncia por amenazas, sostuvo que no se encuentra acreditado el temor que exige ese tipo penal, mientras que sobre las restantes acusaciones afirmó que no existen pruebas suficientes para sostenerlas.

La defensa también cuestionó aspectos de la investigación, entre ellos una supuesta inconsistencia temporal vinculada con la denuncia por retenciones salariales y la falta de acceso al contenido del teléfono celular aportado por Iván Luna Avellaneda, dispositivo que, según se indicó durante la audiencia, permanece bloqueado.

Pero el planteo no quedó limitado a la discusión penal. Berber habló de una situación de "gravedad institucional" y sostuvo que el proceso contra Galán tendría como objetivo impedir que un diputado de la oposición pueda ejercer el mandato para el que fue elegido y representar a los ciudadanos.

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Desde la querella

Desde la querella, la abogada Silvia Barrientos rechazó esa interpretación y defendió la decisión del juez de solicitar el desafuero. En ese sentido, mencionó distintos elementos incorporados a la causa, entre ellos el testimonio de Luna Avellaneda, quien denunció que recibió amenazas para que no declarara como testigo, documentación de la Cámara de Diputados sobre su situación laboral y otras medidas vinculadas con el lugar donde habría prestado servicios.

Barrientos sostuvo que esos elementos fueron valorados por el juez al disponer el pedido de desafuero y cuestionó los argumentos planteados por la defensa.

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Ahora será la Cámara de Apelación la que defina si confirma la resolución y si permite que el pedido de desafuero sea remitido a la Legislatura o si deja sin efecto la medida. El veredicto fue fijado para el 15 de septiembre a las 12.30.

Sin embargo, la definición de la Cámara podría no cerrar la discusión. Durante la audiencia, Berber adelantó que, si el fallo resulta adverso a la defensa, interpondrá un recurso de casación ante la Corte de Justicia, para que el máximo tribunal provincial revise la decisión.