El sector del vapeo reclama en Bruselas una regulación "más eficaz" para impedir el acceso a menores

La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) ha presentado sus propuestas a la Comisión Europea en el marco de la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD), reclamando entre otras medidas una regulación "más eficaz" para proteger a los menores, según han informado este viernes en un comunicado.

Asimismo, la asociación ha considerado que el debate sobre el vapeo en Europa debe centrarse en "problemas reales" como la protección a menores, creciente presencia de operadores que comercializan productos fuera de los canales regulados y accesibilidad al producto derivada de la venta libre.

En este sentido, entre las propuestas trasladadas a la Comisión Europea, UPEV ha planteado la creación de un "registro obligatorio" de establecimientos autorizados para la venta de cigarrillos electrónicos y productos relacionados, tanto en establecimientos físicos como en el comercio 'online'.

Como resultado, este sistema permitiría reforzar los puntos de venta con controles de edad, mejorar la supervisión administrativa y facilitar la lucha contra la venta ilegal.

"Si un menor consigue comprar un cigarrillo electrónico, el problema no es el producto, es el canal", ha afirmado el presidente de la UPEV, Arturo Ribes.

Por otro lado, la asociación también ha criticado la facilidad de acceso y "desnaturalización" de los cigarrillos electrónicos desechables, que pasa de ser una ayuda para dejar de fumar a un elemento de ocio, además de su impacto medioambiental.

Desde UPEV han advertido que, algunas medidas planteadas en distintos países europeos, como la prohibición generalizada de sabores, han generado "efectos contrarios" a los objetivos perseguidos.

En España, por ejemplo, la entidad ha calculado que el 40% del producto vendido es ilegal por la falta de control administrativo, algo que se agravaría con una medida de prohibición de sabores y aromas.

En conjunto, la UPEV ha subrayado que la revisión de la TPD representa una "oportunidad" para construir un marco regulatorio "más moderno, coherente y eficaz" que proteja a los menores, preserve la seguridad de los consumidores adultos y evite el crecimiento del mercado ilícito.