El INTA quiere echar a la científica que reveló el impacto de los plaguicidas en el país

Virginia Aparicio participó del proyecto SPRINT, que estudió la presencia de plaguicidas en personas y el ambiente.

Claves

Virginia Aparicio, investigadora del INTA y el Conicet, enfrenta un sumario que podría terminar en su exoneración por su participación en el proyecto internacional SPRINT, que analizó la presencia de plaguicidas en personas y distintos componentes del ambiente. El organismo había avalado su participación, pero en 2023 suspendió la difusión de los resultados y decidió retirarse de la investigación.

Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA y el Conicet. Desde hace más de 20 años desarrolla su trabajo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, donde estudia la relación entre los plaguicidas, el suelo y el agua.

En 2018 fue convocada para participar de una investigación internacional que luego se convirtió en el proyecto SPRINT, una iniciativa en la que participaron 11 países y que tuvo a la Argentina como único integrante sudamericano. Aparicio quedó como coordinadora argentina del proyecto. El objetivo era analizar cómo se distribuyen los residuos de plaguicidas en diferentes ambientes y organismos. El relevamiento contemplaba 206 sustancias y buscaba observar su presencia en suelo, agua, cultivos, animales y personas.

El proyecto comenzó en 2020 y durante 2021 se realizaron las muestras en la provincia de Buenos Aires. Participaron 73 personas de localidades como Balcarce, Necochea, Tres Arroyos, Mar del Plata y Tandil, entre productores, vecinos de zonas rurales y consumidores.

El estudio incluyó muestras de sangre, orina, materia fecal e hisopados nasales, además de mediciones de exposición ambiental. También se analizaron alimentos, polvo de hogares, cultivos, animales, alimento para animales, suelos y agua superficial. Entre los resultados difundidos aparece la presencia de glifosato en el 86,1% de los argentinos que participaron de la muestra, frente al 35,2% registrado en el grupo europeo.

En las muestras de materia fecal de los bonaerenses analizados, el glifosato apareció en el 100% de los casos. También se detectó clorpirifos en el 37,7% de los participantes argentinos y en el 3,7% de los europeos. El estudio registró además diferentes cantidades de plaguicidas en otros materiales. En alimentos se encontraron entre 6 y 22 sustancias; en el polvo de los hogares, entre 43 y 86; en los granos de cultivos, entre 0 y 8; y en los suelos, entre 0 y 12.

En el agua superficial se detectaron entre 10 y 28 plaguicidas. En los animales analizados se registraron entre 1 y 12 sustancias en orina y entre 0 y 16 en materia fecal. En los alimentos destinados a animales, el rango fue de 5 a 25. Las muestras humanas también mostraron una exposición diversa: entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina y entre 0 y 18 en materia fecal. Las pulseras utilizadas para medir la exposición en el aire registraron entre 7 y 53 sustancias.

El conflicto alrededor de la investigación comenzó antes del actual sumario. En junio de 2023 estaba prevista una reunión virtual para presentar los resultados del relevamiento, pero el encuentro fue suspendido por las autoridades.

Después de la salida del proyecto, el conflicto pasó al ámbito administrativo. Según relató Aparicio en una entrevista con La Vaca, a fines de 2024 comenzaron a revisar sus funciones en la Estación Experimental Balcarce y en febrero de 2025 fue convocada a declarar junto con integrantes del equipo que había participado de la investigación.

La científica sostiene que el sumario puede terminar con su exoneración. Según explicó, esa sanción no solamente implicaría perder su puesto en el INTA, sino también quedar fuera de la Administración Pública Nacional durante un período de al menos cinco años.

La Coordinación Nacional de ATE Conicet se pronunció contra la posibilidad de exonerar a Aparicio y puso el foco en el impacto que el caso puede tener sobre la libertad de investigación y la ciencia pública.

En su comunicado, el gremio recordó que la investigadora tiene más de 20 años de trayectoria en el organismo y que el propio INTA la había presentado institucionalmente como coordinadora argentina del SPRINT. "Una investigación desarrollada en el ámbito institucional, con conocimiento y aval de las propias autoridades, no puede ser censurada por producir resultados que generan controversia", sostuvo la organización.

"Yo no sé quién está detrás de mi exoneración, porque no fui notificada. Pero sí sé por el gremio y por altas autoridades que el tema se trató y que han decido quitarme la identidad científica", señaló Aparicio en diálogo con AM 750.