El Gobierno cede ante la falta de votos en el Senado y acepta cambios en el proyecto del Súper RIGI

Debate parlamentario y estrategia económica

Ante la necesidad de sumar apoyos de los bloques aliados, Patricia Bullrich negocia modificaciones vinculadas a la protección de la industria nacional y al abastecimiento energético para grandes centros de datos.

El oficialismo se vio obligado a flexibilizar su postura en el Congreso para evitar un nuevo parate legislativo en una de las herramientas económicas centrales de la gestión nacional. Ante la imposibilidad de imponer el texto original en el Senado, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, entabló negociaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales para incorporar modificaciones al proyecto del denominado Súper RIGI, decisión que obligará a que el texto retorne en revisión a la Cámara de Diputados.

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La relación de fuerzas en la Cámara Alta dejó al descubierto las acotadas márgenes parlamentarias de la fuerza de gobierno para sostener sin retoques el esquema ideado para atraer inversiones en inteligencia artificial, minería y desarrollos tecnológicos. "Me encantaría tener 37 votos, pero lamentablemente tengo 21, con lo cual tengo que cerrar acuerdos para las leyes", reconoció Bullrich ante sus allegados, sintetizando la necesidad pragmática de conceder reformas en puntos centrales con el objetivo de destrabar el tratamiento.

Las tratativas abiertas por la titular del bloque libertario expusieron además una fisura de criterio con el Palacio de Hacienda. El equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo no participó de las conversaciones de los últimos quince días y tomó conocimiento de los puntos cedidos una vez que trascendieron públicamente, expresando su reparo ante ciertos condicionamientos. El mayor foco de tensión se concentró en la exigencia promovida por las provincias para que las industrias electrointensivas —especialmente los megacentros de datos— construyan sus propios sistemas de generación eléctrica. Mientras los gobernadores buscan evitar que el incremento del consumo afecte el suministro poblacional, en el Poder Ejecutivo temen que restar flexibilidad reste atractivo a la llegada de capitales internacionales.

El otro contrapunto central pasa por la protección a la producción nacional. Frente al texto proveniente de Diputados —que establecía una cuota del 20% para contrataciones locales en condiciones de mercado—, la UCR, el PRO y entidades fabriles reclamaron que dicho piso se circunscriba a bienes producidos de manera efectiva en el país. En el marco de las comisiones, el presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Leal, respaldó la postura al señalar: "Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente".

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El plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía e Inversión y Legislación General —conducentes por Agustín Monteverde, Martín Goerling Lara y Nadia Márquez— procurará avanzar con el dictamen de comisión en las próximas horas para intentar discutir la norma en el recinto el 10 de septiembre. De aprobarse los retoques, el proyecto ratificará un esquema de beneficios que incluye una alícuota del 15% en Ganancias, certificados de crédito fiscal, exenciones aduaneras y la libre disponibilidad progresiva del 100% de las divisas de exportación al tercer año.