El Gobierno busca que Estados Unidos investigue penalmente a la familia Eskenazi por YPF

Estrategia oficial para frenar los juicios por la estatización de YPF

El Gobierno nacional gestiona ante Estados Unidos una investigación penal sobre el ingreso y la salida de la familia Eskenazi en YPF, con el objetivo de frenar los juicios millonarios en Nueva York

El gobierno de Javier Milei avanza en gestiones ante Estados Unidos para que se abra una investigación penal sobre el ingreso, la administración y la salida de la familia Eskenazi de YPF. El objetivo central de la maniobra es neutralizar los millonarios juicios que la Argentina enfrenta en los tribunales de Nueva York por la estatización de la petrolera.

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Según reflejó una investigación de La Nación, funcionarios de primera línea de la administración nacional mantuvieron reuniones reservadas con representantes del gobierno de Donald Trump. El pedido concreto es que el Departamento de Justicia estadounidense inicie una causa penal enfocada en la compra de acciones de la compañía.

La atención de la Casa Rosada está puesta sobre la familia Eskenazi y el Grupo Petersen, con el fin de esclarecer judicialmente cómo se dio su participación, gestión y posterior desvinculación de la petrolera estatal. La estrategia jurídica busca determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en la compra del 25% de las acciones de YPF, operación concretada durante el kirchnerismo.

Para el Estado argentino, lograr que se demuestre un origen fraudulento en esa adquisición podría convertirse en la herramienta clave para congelar o anular las demandas civiles multimillonarias que todavía pesan sobre el país en los tribunales de Nueva York.

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La ofensiva penal se desarrolla en un escenario que la defensa argentina considera propicio, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara una condena previa que obligaba al país a pagar una suma superior a los US$16.000 millones por la estatización de YPF.

A esto se suma un respaldo institucional previo en Washington: el Departamento de Justicia estadounidense ya había emitido un memorándum en el que apoyaba el pedido de organizaciones civiles argentinas para que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas en la compra de las acciones de la petrolera.