El Gobierno busca acordar el Presupuesto 2027 e incluir una nueva fórmula para las universidades

La Casa Rosada acelerará la agenda legislativa previa a la presentación del proyecto el 15 de septiembre. Confían en lograr acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas para evitar los reveses del ejercicio anterior y destrabar el frente judicial.

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El Poder Ejecutivo trabaja en la letra chica del proyecto de Presupuesto 2027, con la meta de incorporar una nueva fórmula de financiamiento universitario y eventuales modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad. En Balcarce 50 descartan postergar los plazos y ratifican que la norma ingresará a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre, tal como fija la Ley de Administración Financiera, para dar inicio inmediato al debate en comisión.

El cronograma oficialista obliga a acelerar en las próximas semanas una nutrida agenda parlamentaria pendiente, que abarca iniciativas como la Ley Hojarasca, Zonas Frías, el Súper RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, Inocencia Fiscal, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y cambios en la Ley General de Sociedades. Con todo, en el entorno presidencial aclaran que la discusión del Presupuesto no quedará supeditada a la sanción previa de estos proyectos.

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El frente universitario y la vía judicial

El punto central de la negociación estará puesto en las partidas para las casas de altos estudios. Tras la escalada del conflicto en agosto —con paros y reclamos por el cumplimiento de la Ley 27.795— y el rechazo del recurso extraordinario ante la Corte Suprema sobre la medida cautelar que alcanzaba a los artículos 5 y 6 de dicha norma, el Gobierno busca utilizar la ley de gastos y recursos de 2027 para dar un marco normativo definitivo al sector.

Desde los despachos oficiales señalan que el acuerdo salarial y operativo alcanzado el pasado 10 de junio con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios —que otorgó una recomposición salarial del 24,33%, un 20% para gastos de funcionamiento y $50.000 millones para hospitales universitarios— absorbió parte sustancial del litigio. La apuesta ahora es diseñar una fórmula para 2027 que contemple los remanentes pendientes de 2024 y permita desactivar en paralelo la vía judicial.

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Cambios en Discapacidad y lecciones del pasado

Un segundo capítulo bajo análisis abarca eventuales retoques a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad (vigente hasta fines de 2026), aunque este punto cuenta con menor nivel de avance dado que ya se encuentra en plena ejecución.

El antecedente directo que condiciona las conversaciones es lo ocurrido con el Presupuesto 2026 en diciembre pasado, cuando el oficialismo intentó realizar modificaciones similares sobre universidades y discapacidad pero terminó perdiendo la votación artículo por artículo en el recinto. Cerca del Ejecutivo atribuyen aquel resultado a un exceso de confianza y fallas en la negociación previa, contexto que buscan revertir mediante un esquema de consensos de trazo grueso con gobernadores antes de llegar a la sesión.

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Asimismo, la mesa política del Gobierno procura encapsular la negociación para evitar que los cortocircuitos internos y los reproches cruzados sobre la conducción del diálogo de las últimas semanas vuelvan a entorpecer el armado de mayorías en el Congreso.