Detienen en México al exgobernador de Guerrero por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Caso Ayotzinapa, a 12 años del hecho

La fiscalía mexicana arrestó a Ángel Aguirre, quien gobernaba Guerrero cuando desaparecieron los 43 estudiantes en septiembre de 2014. Enfrenta cargos por desaparición forzada y obstrucción de la justicia

La fiscalía de México anunció la detención del exgobernador del Estado de Guerrero Ángel Aguirre, acusado de desaparición forzada y de ocultar evidencias vinculadas al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuya desaparición en 2014 conmocionó al país y permanece sin resolución definitiva hasta hoy.

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Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 mientras viajaban en autobuses por el estado de Guerrero para sumarse a una movilización en Ciudad de México. Otras seis personas murieron en los enfrentamientos registrados esa misma noche.

La fiscal general Ernestina Godoy confirmó el arresto mediante un video y señaló que Aguirre fue detenido por los delitos "contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas". Según reportó el sitio DW, no brindó mayores detalles sobre esta última acusación, aunque subrayó que trabajan "incansablemente para llegar a la verdad de los hechos".

Aguirre, de 70 años, solicitó licencia de su cargo en octubre de 2014 y abandonó el puesto antes de concluir su mandato, permaneciendo desde entonces alejado de la actividad política. Su detención lo convierte en uno de los funcionarios de mayor rango procesados por el caso, junto al exfiscal general Jesús Murillo Karam, quien también enfrenta cargos por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.

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A lo largo de los años, el caso atravesó dos grandes investigaciones oficiales con conclusiones divergentes. El gobierno de Enrique Peña Nieto sostuvo en su llamada "verdad histórica" que los cuerpos habían sido incinerados y sus cenizas arrojadas a un río, sin atribuir responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes contradijo esa versión. Ambas investigaciones sí coinciden en que los estudiantes fueron atacados por un grupo criminal coludido con policías locales.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, uno de los nudos del caso es la resistencia institucional a la transparencia. Según explicó Stephanie Brewer, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), "uno de los obstáculos más persistentes ha sido la negativa de la Sedena de entregar toda la información con la que cuenta", y reclamó que las violaciones de derechos humanos sean investigadas por autoridades civiles y no militares.

El caso Ayotzinapa permanece como una deuda abierta para el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, quien declaró que su objetivo es "la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes". A más de una década de los hechos, decenas de personas han sido procesadas pero no hay ningún condenado, y los restos de apenas tres estudiantes fueron hallados hasta el momento.