Denunció un accidente en un gimnasio y reclamó $42 millones: la Justicia rechazó la demanda
Una mujer aseguró que sufrió una fractura durante un entrenamiento en un establecimiento de Merlo y reclamó una millonaria indemnización. La Justicia consideró que no logró demostrar cómo ocurrió el accidente y la oblig&oacu…
Una mujer aseguró que sufrió una fractura durante un entrenamiento en un establecimiento de Merlo y reclamó una millonaria indemnización. La Justicia consideró que no logró demostrar cómo ocurrió el accidente y la obligó a pagar las costas del proceso.
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Denunció un accidente en un gimnasio y reclamó $42 millones: la Justicia rechazó la demanda Denunció un accidente en un gimnasio y reclamó $42 millones: la Justicia rechazó la demanda
La Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó una demanda por daños y perjuicios presentada por una mujer contra un gimnasio de la ciudad de Merlo, a raíz de un supuesto accidente ocurrido mientras realizaba actividad física.
La reclamante había solicitado una indemnización de 42,3 millones de pesos por las lesiones que, según sostuvo, sufrió dentro del establecimiento. Sin embargo, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 11 de Morón desestimó íntegramente el reclamo al considerar que no pudo acreditar que el accidente hubiera ocurrido en el gimnasio ni demostrar la mecánica del hecho.
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El episodio denunciado habría ocurrido el 17 de julio de 2024, cuando la mujer, que tenía 58 años, se encontraba realizando su rutina habitual de entrenamiento.
Según relató en la demanda, utilizaba una máquina de prensa para hacer ejercicios de sentadillas y, luego de finalizar una serie, colocó la traba de seguridad antes de intentar salir del equipo.
En ese momento, siempre de acuerdo con su versión, un objeto de gran peso cayó inesperadamente sobre su pierna derecha y provocó que cayera al suelo. La mujer aseguró que sufrió un fuerte dolor y que no podía movilizarse por sus propios medios.
Su hija y otra persona que se encontraba en el lugar intentaron asistirla. Posteriormente, un instructor del gimnasio se acercó y le colocó hielo en la zona afectada hasta que llegó su esposo, quien la trasladó a un centro médico.
Los estudios realizados en la guardia confirmaron una fractura en la pierna. Días después, la mujer fue sometida a una intervención quirúrgica en la que le colocaron una placa, tornillos y clavijas metálicas. Luego inició un tratamiento de rehabilitación con sesiones de kinesiología.
A raíz de las lesiones, reclamó $30 millones por incapacidad física y psíquica, $12 millones por daño moral y $300.000 por gastos médicos, medicamentos y traslados.
La demanda fue presentada contra el propietario del gimnasio y la compañía aseguradora. Ambos reconocieron que la mujer era socia del establecimiento, pero negaron que el accidente hubiera ocurrido en el lugar y cuestionaron la mecánica descripta en la presentación judicial.
Qué tuvo en cuenta la Justicia
Al analizar el caso, la jueza encuadró la situación dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, y recordó que los proveedores tienen un deber de seguridad respecto de quienes utilizan sus instalaciones.
Sin embargo, la magistrada señaló que esa protección no exime al consumidor de demostrar los hechos fundamentales en los que basa su reclamo.
En ese punto, el tribunal consideró que la prueba presentada no alcanzaba para acreditar el accidente. No había testigos presenciales, registros de las cámaras de seguridad ni informes técnicos que permitieran confirmar cómo se produjo el supuesto incidente.
La jueza también analizó la historia clínica presentada por la mujer. Si bien el documento acreditaba las lesiones y la atención médica recibida, consideró que no permitía demostrar que el traumatismo se hubiera producido dentro del gimnasio ni que hubiera sido consecuencia de una falla en una de sus máquinas.
Por esa razón, el juzgado concluyó que no estaba acreditado el hecho que podía generar responsabilidad del establecimiento ni el vínculo causal entre las lesiones y el gimnasio.
Finalmente, la demanda fue rechazada en su totalidad y la mujer deberá afrontar las costas del proceso judicial.
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