Datos que desarman la narrativa oficial

Todos los indicadores económicos difundidos esta semana sobre la Argentina fueron negativos. Dos informes, sin embargo, se destacan por la magnitud del retroceso que representan: el salto de la pobreza y el desplome de la actividad económica, que desarman la narrativa oficial.

El INDEC informó un incremento de 4,1 puntos porcentuales en la tasa de pobreza respecto del segundo semestre de 2025. Traducido a personas, el dato equivale a más de dos millones de nuevos pobres en todo el territorio nacional en apenas seis meses.

Si bien el dato de que la pobreza esté subiendo no admite discusión, sí es debatible el porcentaje de pobres que difunde el gobierno, que es sustancialmente menor al real por una serie de distorsiones estadísticas que ya se han explicado con mayor profundidad en un artículo de El Ancasti titulado Los espejismos estadísticos de la pobreza. El cálculo oficial de la pobreza depende, en última instancia, de la medición de la inflación, y esa medición arrastra como problema de fondo que la canasta de bienes y servicios que utiliza el índice de precios al consumidor está absolutamente desactualizada respecto de los patrones de consumo reales de los hogares argentinos.

El ancla cambiaria y salarial sacrifica actividad y empleo en nombre de la estabilización de precios. Y termina generando, como contracara, más recesión y más pobreza. El ancla cambiaria y salarial sacrifica actividad y empleo en nombre de la estabilización de precios. Y termina generando, como contracara, más recesión y más pobreza.

A esa deficiencia estructural se suma un dato que resulta inverosímil. El propio INDEC atribuye a los ingresos de los trabajadores informales un crecimiento inusitado, que no se condice con la evidencia disponible sobre el deterioro del mercado laboral no registrado. El resultado de ambas distorsiones es que la pobreza medida oficialmente aparece por debajo de la que efectivamente existe, que ya sería del 45%, por encima de la que el gobierno recibió en 2023.

El segundo dato de la semana no es menos preocupante. La actividad económica cayó en julio en torno al 3% mensual, la contracción más pronunciada desde la pandemia. Se trata de una caída abrupta que anticipa, con altísima probabilidad, una recesión formal en los próximos meses. Y una recesión, por definición, es un mecanismo que retroalimenta el propio problema, es decir, menos actividad significa menos empleo, menos ingresos y, en consecuencia, más pobreza en la próxima medición semestral.

Hay una paradoja que debe ser señalada. La economía argentina exhibe este nivel de deterioro en un contexto internacional favorable, en el que los precios relativos de buena parte de los productos que el país exporta -desde la agroindustria hasta la minería- vienen en alza. Es decir, existe un viento de cola que, en circunstancias normales, debería traducirse en crecimiento. Que ese viento de cola no alcance para evitar la recesión es el resultado directo de las restricciones que impone el propio esquema económico vigente: un ancla cambiaria y salarial que sacrifica actividad y empleo en nombre de la estabilización de precios y que termina generando, como contracara, más recesión y más pobreza.

Frente a tanta evidencia acumulada, resulta razonable sostener que el modelo económico necesita correcciones. Es, sin embargo, poco probable que esas correcciones lleguen en el corto plazo. La ortodoxia con la que el gobierno de Javier Milei sostiene su programa sugiere que la Argentina seguirá, por ahora, transitando el mismo camino. Y todo indica que ese camino conduce al fracaso.