Caen hasta un 10% las acciones de las empresas que integran Sea Lion luego de las declaraciones de Milei

Resumen para apurados

Las acciones de las compañías energéticas encargadas del proyecto Sea Lion registraron este viernes caídas de hasta un 10% en la Bolsa de Valores de Londres, luego de que el presidente argentino, Javier Milei, anunciara la imposición de sanciones y prohibiciones operativas a las firmas que exploren o extraigan petróleo en las Islas Malvinas sin autorización de Buenos Aires.

La reacción de los mercados bursátiles reflejó el impacto de las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, que busca neutralizar lo que considera una amenaza directa a los derechos de soberanía e intereses estratégicos del país en la plataforma continental.

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La incertidumbre financiera perjudicó principalmente a los papeles de la británica Rockhopper Exploration y de la israelí Navitas Petroleum, principales socias del desarrollo, cuyos activos perdieron hasta un 10% durante la jornada, mientras que los títulos de la operadora Borders & Southern sufrieron un retroceso de hasta el 8%.

La caída en las cotizaciones ocurrió tras la cadena nacional transmitida por Milei, en la que confirmó la inhabilitación comercial y el endurecimiento del marco legal para las corporaciones y proveedores involucrados en la cuenca.

Durante su discurso, el mandatario argentino adelantó la firma de decretos y el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, además de la edificación de una base naval integrada en Tierra del Fuego. "Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina", aseguró.

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Pese al impacto en las plazas financieras, las empresas intentaron amortiguar los efectos de los anuncios. Según consignó la agencia EFE, las corporaciones restaron importancia a las advertencias de la Casa Rosada y sostuvieron que sus derechos de exploración y explotación fueron "legalmente otorgadas" por la administración local del archipiélago, pasando por alto que la Argentina ya había aplicado sanciones administrativas previas contra Rockhopper en 2013 y contra Navitas en 2022.