AySA: el Gobierno avanza con la privatización en plena batalla judicial

El Gobierno nacional abre este martes los primeros sobres de la licitación para privatizar AySA, en un proceso que busca transferir al sector privado el 90% de las acciones que permanecen en manos del Estado. La apertura de las ofertas técnicas ocurre mientras una medida cautelar de la Justicia bonaerense limita la posibilidad de modificar las obligaciones vinculadas con la prestación del servicio de agua potable y cloacas.

La apertura de los sobres técnicos está prevista para las 10 de este martes y representa el primer paso formal de la etapa decisiva del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

La empresa presta servicios de agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

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En esta instancia todavía no se conocerá quién será el futuro operador ni cuánto pagará por las acciones. La comisión encargada de evaluar las propuestas deberá determinar si los participantes cumplen con las condiciones legales, técnicas, económicas y financieras establecidas en el pliego.

El proceso había sido previsto inicialmente para agosto, pero el Gobierno decidió postergar la apertura luego de pedidos de empresas interesadas que solicitaron más tiempo para analizar las condiciones de la licitación.

El inicio de la licitación ocurre mientras continúa una batalla judicial por las condiciones en las que podría concretarse la futura concesión.

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Una semana antes de la apertura de los sobres, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ratificó una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

La resolución establece que AySA no puede modificar, reducir, suspender ni alterar sus obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente y la prestación adecuada del servicio.

La Justicia no cuestionó de manera directa la privatización de la empresa. El planteo apunta a garantizar que, mientras continúe el expediente, se mantengan las actuales condiciones y exigencias del servicio.

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La Defensoría sostiene que un eventual cambio en el esquema podría derivar en una reducción de inversiones, postergación de obras y menores controles sobre la calidad del agua.

El proceso contempla varias etapas. En la primera, la Comisión de Evaluación analizará las condiciones de cada postulante.

Solo quienes superen esa instancia podrán avanzar hacia la apertura de las ofertas económicas. En esa segunda etapa, el criterio principal será el precio ofrecido en dólares por las acciones.

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El pliego no establece un precio base público. El Gobierno, sin embargo, estima que la operación podría generar ingresos cercanos a USD 500 millones por la venta del 90% de AySA.

Además, el mecanismo contempla un sistema de desempate. Si entre la oferta más alta y las siguientes existe una diferencia de hasta 5%, los participantes involucrados tendrán la posibilidad de mejorar sus propuestas.

El pliego establece exigencias importantes para quienes pretendan convertirse en operadores de AySA.

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Entre los principales requisitos aparece la obligación de acreditar al menos cinco años de experiencia, dentro de los últimos diez, en la prestación de servicios de agua potable y desagües cloacales en ciudades con un mínimo de 1,5 millones de habitantes y 500.000 usuarios.

También deberán demostrar experiencia en financiamiento de infraestructura o servicios públicos por al menos USD 150 millones durante la última década.

En materia patrimonial, los postulantes deberán acreditar un patrimonio neto consolidado de al menos USD 300 millones. Para determinados fondos de inversión o consorcios, el requisito asciende a USD 1.000 millones en activos bajo gestión.

El pliego también excluye a empresas controladas por gobiernos extranjeros y a compañías que figuren en determinados registros internacionales de sanciones.

Entre los nombres que participaron de las conversaciones previas aparecen el Grupo Roggio, actual operador de Aguas Cordobesas, y el empresario Mauricio Filiberti.

Ambos mantuvieron contactos con posibles socios internacionales para evaluar una presentación conjunta.

También estuvieron vinculadas al proceso las brasileñas Sabesp y Águas do Rio, mientras que la chilena Aguas Andinas, controlada por el grupo francés Veolia, finalmente no presentaría una oferta.

La israelí Mekorot, por su parte, quedaría excluida debido a la condición que impide participar a empresas controladas por gobiernos extranjeros.

La apertura de este martes no definirá al comprador de AySA. El Gobierno deberá completar primero la evaluación de los postulantes que presenten sus ofertas.

Luego llegará la etapa económica, en la que competirán quienes hayan superado los requisitos técnicos, legales y financieros.

El proceso representa uno de los principales capítulos del programa de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei. La operación busca reducir la participación estatal en AySA y atraer capital privado para la gestión y las inversiones de la compañía.

Sin embargo, la continuidad del proceso tendrá como condicionante el frente judicial. La medida cautelar vigente obliga a mantener las actuales obligaciones vinculadas con la prestación del servicio mientras se resuelve la discusión de fondo.