Arroyo Turquesa: la denuncia por daños expone la falta de marco normativo y señalización en Andalgalá

La presentación surgió tras la difusión de imágenes de vehículos circulando por el cauce. El sitio no cuenta con protección normativa ni señalización específica.

El secretario de Turismo de Andalgalá, Guillermo Acevedo, formalizó una denuncia en la Comisaría Departamental tras la difusión de imágenes que muestran a vehículos transitando directamente sobre el cauce del Arroyo Turquesa, en la zona de Capillitas. Si bien el accionar institucional busca sentar un precedente ante el daño ambiental y patrimonial provocado en uno de los atractivos más valiosos del departamento, el episodio puso al descubierto un marcado vacío legal e institucional: la ausencia de herramientas normativas locales y de señalización específica para proteger de manera efectiva este espacio natural.

Las imágenes viralizadas expusieron las marcas de neumáticos dejadas en el cauce por los visitantes, lo que derivó en las expresiones de Acevedo abogando por un "turismo responsable y sustentable". Sin embargo, más allá de la acción policial, la problemática de fondo reside en la falta de amparo normativo. Actualmente, el Municipio de Andalgalá no se encuentra adherido a la Ley Provincial N.º 5.070 de Áreas Naturales Protegidas, marco fundamental que regula la preservación de los recursos ecosistémicos en Catamarca.

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A esta desadhesión provincial se suma una inacción a nivel local: el Concejo Deliberante de Andalgalá no ha declarado formalmente al Arroyo Turquesa ni a su entorno como zona protegida mediante una ordenanza municipal. Asimismo, en el lugar no existe cartelería informativa, preventiva o disuasiva que advierta a los visitantes sobre las restricciones de tránsito o el valor patrimonial del sitio.

Esta condición acéfala en materia legislativa deja a la gestión ambiental sin herramientas operativas de control ni protocolos claros de sanción ante conductas destructivas. Tras este hecho, la atención se traslada de manera prioritaria al Concejo Deliberante, que deberá tomar cartas en el asunto para impulsar la adhesión a las leyes provinciales, dictar las normas locales de preservación necesarias y disponer la señalización correspondiente en el territorio.