Argentina recurrirá al arbitraje de la ONU para frenar la extracción petrolera británica en Malvinas

El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería argentina y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido, en el marco del mecanismo previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

La medida está vinculada con las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área de las Islas Malvinas, particularmente con el proyecto petrolero "Sea Lion", ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Según informó el Gobierno argentino, el objetivo es impedir la explotación de hidrocarburos y cuestionar nuevas medidas vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área en disputa.

En ese marco, la administración nacional también busca evitar el otorgamiento de nuevos permisos de explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina, según la posición expresada oficialmente por la Casa Rosada.

Para fundamentar su reclamo, el Gobierno argentino recordó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y llama a ambos países a buscar una solución mediante negociaciones.

Asimismo, la administración nacional citó la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe pendiente la controversia de soberanía.

El Ejecutivo argentino sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en la zona afecta los derechos de soberanía que Argentina reclama sobre el área y considera que esas actividades son incompatibles con las resoluciones de Naciones Unidas.

El nuevo procedimiento se suma a otras medidas adoptadas durante septiembre por el Gobierno nacional en relación con las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. Entre ellas, se iniciaron procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y se presentó una denuncia penal contra compañías relacionadas con el proyecto.

La CONVEMAR establece en su Anexo VII un mecanismo de arbitraje al que puede recurrirse para resolver determinadas controversias entre Estados partes, mediante una notificación escrita acompañada por las pretensiones y los fundamentos del reclamo.