ABOGADOS RESPALDAN LA SUSPENSIÓN DE EJECUCIONES PRENDARIAS EN LA RIOJA

El Consejo que nuclea a estos profesionales considera que el contexto actual lo amerita, lo que no significa que se vulnere derecho alguno de las partes: «no implica que se frena la deuda o que la deuda no se va a pagar, lo que se busca es evitar el abuso».

El Consejo de Abogados de La Rioja expresó su respaldo a las Leyes Provinciales N.º 10.896 y 10.901, vinculadas a la prevención y lucha contra la usura, al considerar que constituyen herramientas necesarias frente a una problemática que afecta especialmente a los sectores más vulnerables.

En diálogo con RiojaVirtual Radio 93.9, Francisco Brizuela Montenegro explicó que el directorio del Consejo emitió un comunicado en el que considera a estas normas como instrumentos válidos para combatir la usura en la sociedad.

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"En cualquier proceso los abogados están en ambas partes, en el ejecutante como en el ejecutado", señaló, y remarcó que el objetivo de las normas no es simplemente detener los procesos judiciales, sino generar una instancia que permita revisar las condiciones de las obligaciones.

En ese sentido, sostuvo que "no se frenan los procesos judiciales, sino se abren instancias de diálogo y renegociación en un ámbito como es Comercio Interior para renegociar deudas que están planteadas en muchas oportunidades de forma abusiva".

Brizuela Montenegro explicó que ambas leyes funcionan de manera coordinada y que una de ellas contempla la suspensión de determinados procesos, pero aclaró que el objetivo debe analizarse dentro del contexto social y económico en el que se implementa la normativa.

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"No implica que se frena la deuda o que la deuda no se va a pagar, lo que se busca es evitar el abuso", afirmó el representante del Consejo de Abogados.

La problemática adquiere especial relevancia en las operaciones en las que se utilizan ejecuciones prendarias y pagarés como mecanismos de garantía de préstamos. Según explicó, se trata de algunas de las metodologías más utilizadas y existe un importante nivel de desconocimiento entre quienes recurren a ellas.

"Los que no entran en el sistema formal termina en el sistema financiero informal y es donde se agudiza esta problemática, que tiene un trasfondo social más allá de lo económico", sostuvo.

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Para el abogado, frente a esta situación es necesario establecer límites y fortalecer los controles. "Es un flagelo que se le debe poner un límite", afirmó, y consideró además que toda persona que se dedique a este tipo de actividad debería estar debidamente regulada y bajo control estatal.

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