Tucumán: Pelli podría enfrentar una causa penal por su domicilio y crecen las denuncias contra La Libertad Avanza por el uso del Renaper
Las denuncias por el domicilio declarado por el diputado nacional Federico Pelli dejaron de ser una simple controversia política y empiezan a adquirir un costado judicial. La situación también salpica a Catalán, que no solo está señalado por el mismo accionar sino que además podría ser señalado como facilitador de la maniobra, a través de su influencia sobre el Registro Nacional de las Personas.
Mientras distintas voces sostienen que Federico Pelli no reside en Yerba Buena, municipio en el que aspira a competir por la intendencia, dirigentes de la propia oposición advierten que, si se comprueba que existió una maniobra para cumplir con los requisitos electorales, podrían configurarse delitos previstos por la legislación vigente.
El foco de las acusaciones ya no apunta únicamente a Pelli. En los últimos días comenzó a instalarse otra hipótesis aún más delicada: que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) habría sido utilizado para facilitar cambios de domicilio de dirigentes vinculados a La Libertad Avanza en Tucumán.
El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, fue uno de los más duros. Tras conocerse las distintas denuncias públicas, aseguró que avanzará “hasta las últimas consecuencias” para que la Justicia investigue lo ocurrido y determine si existieron responsabilidades penales y administrativas.
La posición del jefe municipal apunta a que, si alguien hubiera declarado un domicilio falso con el objetivo de acceder a una candidatura, deberá responder por las consecuencias que correspondan. Y si además se comprobara que funcionarios facilitaron esa maniobra, también deberían explicar su intervención.
El planteo busca llevar la discusión más allá del caso particular de Pelli y poner bajo la lupa el mecanismo mediante el cual se habrían realizado los cambios de domicilio.
Las acusaciones también alcanzan a Catalán.
En paralelo, el diputado nacional Mariano Campero elevó el tono de la disputa interna dentro del espacio opositor y apuntó directamente contra Lisandro Catalán. Según las denuncias que se vienen formulando, tanto Pelli como el propio Catalán habrían realizado cambios de domicilio a través del Renaper para cumplir con los requisitos de residencia exigidos por la legislación electoral.
Para quienes cuestionan estas maniobras, no se trataría de hechos aislados sino de una metodología destinada a construir candidaturas en distintos distritos de la provincia.
Las sospechas sobre el organismo nacional también fueron alimentadas por distintos dirigentes opositores, quienes sostienen que Catalán, por su rol dentro del Gobierno nacional y su influencia política sobre la estructura del Renaper, habría tenido capacidad para intervenir o facilitar este tipo de trámites.
Hasta el momento no existe una investigación judicial que haya acreditado esas afirmaciones y desde el espacio libertario tampoco hubo una respuesta pública específica que permita confirmar o descartar las acusaciones.
Las críticas también fueron reforzadas por el legislador Manuel Courel, quien sostuvo que Federico Pelli “falseó su domicilio” y afirmó que esa conducta podría constituir un delito electoral. Incluso remarcó que le resultaba “pesado” formular una acusación de ese tenor, aunque insistió en que los hechos conocidos públicamente ameritan una investigación judicial.
Las declaraciones de Courel se suman a las realizadas por Macchiarola, quien volvió a insistir en que Pelli no vive en Yerba Buena y que su situación debe ser analizada por la Justicia Electoral.
El Código Electoral Nacional establece penas de entre seis meses y tres años de prisión para quienes denuncien un domicilio falso con fines electorales, cuando esa conducta permita alterar las condiciones previstas para el ejercicio de los derechos políticos.
Además, la normativa vinculada a la identificación de las personas contempla sanciones para quienes declaren domicilios falsos y prevé eventuales responsabilidades para funcionarios públicos que hubieran intervenido en la emisión de documentación obtenida de manera irregular.
Por ese motivo, quienes impulsan las denuncias públicas sostienen que una eventual investigación no debería limitarse únicamente a Federico Pelli. También debería determinar si existió algún grado de participación o facilitación desde organismos nacionales, particularmente el Renaper, una hipótesis que podría comprometer políticamente a Catalán.
Mientras tanto, la controversia profundiza la interna opositora en Tucumán y amenaza con trasladarse de la arena política a los tribunales. El caso ya involucra a dirigentes municipales, legisladores nacionales y referentes de La Libertad Avanza, y pone bajo discusión no solo una eventual candidatura sino también el funcionamiento de un organismo nacional en el marco de la disputa electoral rumbo a 2027.