Sin fondos nacionales, Tucumán enfrenta un boleto cada vez más caro

El debate por una nueva actualización del boleto urbano en San Miguel de Tucumán vuelve a poner sobre la mesa un problema de fondo: el desfinanciamiento del transporte público del interior por parte del Gobierno nacional.

El Concejo Deliberante analiza llevar la tarifa de $1.250 a $1.700, lo que representaría una suba del 36%. De aprobarse, la Capital tucumana ingresaría al top 10 de ciudades con el boleto más caro del país, aunque todavía por debajo de distritos como Bariloche, Santa Fe, Corrientes, Resistencia, Bahía Blanca, Formosa, Córdoba, Rosario y Paraná.

La discusión no puede separarse del contexto nacional. Desde febrero de 2024, tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior, las ciudades fuera del AMBA quedaron con menos herramientas para sostener el sistema y evitar que el costo recaiga sobre los usuarios.

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Ese fondo permitía cubrir parte del valor del boleto en las localidades del interior. Al discontinuarlo, Nación dejó a provincias y municipios con una carga mucho más pesada para sostener un servicio esencial.

El impacto se sintió en todo el país. Según el relevamiento citado por Contexto Tucumán, el boleto promedio nacional se ubicó en $1.549 y las tarifas del interior superan en términos reales en un 45% los valores de 2019.

En Tucumán, el aumento aparece atado al encarecimiento de los costos operativos, la caída de ingresos y la falta de financiamiento nacional. Las empresas sostienen que los recursos provenientes de subsidios estatales y de la venta de pasajes no alcanzan para cubrir el funcionamiento del sistema.

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La situación también refleja una desigualdad federal. Mientras el interior debió absorber el retiro de fondos nacionales, las ciudades del país comenzaron a actualizar tarifas de manera acelerada para evitar la paralización del servicio.

Por eso, el boleto a $1.700 no puede leerse solamente como una decisión local. Es parte de una crisis nacional del transporte, donde Nación se corrió del financiamiento y dejó a las provincias frente a un dilema complejo: sostener el servicio, cuidar el bolsillo del usuario o afrontar un sistema cada vez más caro sin los recursos necesarios.