VIDEO | Gonzalo Durante: "Seguimos al filo, si no fuera por la ayuda provincial tendríamos que cerrar"

El presidente del Centro de Día La Esperanza, Gonzalo Durante, advirtió por la situación financiera de las instituciones que brindan prestaciones a personas con discapacidad y cuestionó las demoras de hasta 90 días en los pagos de Nación.

Durante también se refirió a la renuncia de Alejandro Vilches como secretario nacional de Discapacidad y reclamó que se defina a su reemplazante para evitar nuevas demoras administrativas.

"Necesitamos saber urgente quién va a reemplazar a Vilches para que firme los próximos pagos que están por ingresar", explicó.

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El dirigente detalló que las prestaciones pueden cobrarse con hasta tres meses de atraso y que en septiembre se estaban cobrando prestaciones correspondientes a julio, mientras algunos centros todavía esperaban pagos de junio.

A esta situación se suma una deuda por una recomposición de 2024, cuya facturación comenzó entre febrero y marzo y que aún no fue cobrada.

"Los números no cierran", resumió Durante.

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El Centro de Día La Esperanza atiende a más de 130 personas y cuenta con alrededor de 60 trabajadores. Su funcionamiento demanda cerca de 170 millones de pesos mensuales.

Durante recordó que la institución recibió un préstamo del Gobierno provincial para afrontar sueldos atrasados, proveedores, servicios, préstamos y deudas impositivas.

"Si no hubiera sido por ese dinero del Gobierno provincial, directamente tendríamos que haber cerrado nuestras puertas", afirmó.

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El centro todavía afronta refinanciaciones superiores a 20 millones de pesos mensuales, además de otros pagos de préstamos que superan los 12 millones de pesos por mes.

Otro de los reclamos está relacionado con el nomenclador nacional de prestaciones por discapacidad. Durante cuestionó la posibilidad de que cada obra social establezca sus propios aranceles.

"El problema es que quieren que cada obra social maneje su propio arancel", señaló.

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El presidente de La Esperanza advirtió que los cambios en el sistema pueden afectar tanto a las instituciones como a las familias de las personas con discapacidad, que tendrían dificultades para afrontar por su cuenta el costo de las prestaciones.

Mientras continúa la discusión por el Presupuesto 2027, los centros de día reclaman previsibilidad para sostener la atención, pagar salarios y mantener sus servicios.