Universidades exigen aplicar la Ley de Financiamiento

Más allá del acuerdo que cerraron el Gobierno nacional y los rectores, rechazado por la CONADU, el conflicto por el financiamiento de la educación superior continúa abierto en el frente judicial.

Rectores y representantes del sistema universitario presentaro un petitorio ante la Corte Suprema para reclamar la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Corte tiene en sus manos la definición por el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo, ratificada por el Congreso en contra del veto de Mieli.

El escrito sostiene que la falta de ejecución de la ley afecta directamente el funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de los docentes.

En ese sentido, se advierte que la demora en la implementación de la norma genera un escenario de incertidumbre institucional y compromete la continuidad de las actividades académicas.

La presentación se enmarca en la causa que tramita en la Justicia a partir del amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso que la ley solo podría ejecutarse una vez definida una fuente específica de recursos e incorporadas las partidas correspondientes al presupuesto.

El reclamo universitario se intensificó luego de que la Corte Suprema rechazara los planteos del Gobierno para apartar a los jueces que intervienen en el expediente.

En su fallo, el tribunal recordó que la actividad docente en universidades públicas no implica necesariamente un interés personal en el resultado del litigio y que los mecanismos de recusación deben interpretarse de manera restrictiva.

En este contexto, el nuevo petitorio busca acelerar la resolución judicial y garantizar que los fondos lleguen a las instituciones educativas.

Los firmantes remarcaron que la ley constituye una herramienta esencial para sostener la calidad académica, la investigación y la extensión universitaria, pilares fundamentales del sistema público de educación superior.

Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de ajustar las partidas a la disponibilidad presupuestaria, las universidades reclaman el cumplimiento pleno de la norma como condición indispensable.