Un salteño demandó a AstraZeneca y al Estado por $191 millones por daños que atribuye a la vacuna contra el Covid

Por Redacción NUEVA RIOJA

Un hombre de Salta presentó una demanda de daños y perjuicios contra AstraZeneca S.A. y el Estado nacional por más de 191 millones de pesos al atribuir una serie de graves problemas de salud a las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 que recibió durante 2021.

Se trata de Emanuel Alejandro Ocaña Francia, quien promovió la acción judicial y reclamó una reparación económica por incapacidad sobreviniente, daño moral y daño emergente, además de plantear un daño punitivo contra la compañía farmacéutica y solicitar, subsidiariamente, acceder al Fondo de Reparación previsto por la Ley 27.573.

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Ocaña recibió la primera dosis de AstraZeneca el 17 de junio de 2021 y la segunda el 29 de agosto del mismo año, ambas en establecimientos sanitarios de Salta.

El demandante sostuvo que después de las aplicaciones comenzó a experimentar distintos problemas de salud y que, con el transcurso del tiempo, sufrió episodios convulsivos, alteraciones cardiovasculares, renales y neurológicas que derivaron en diferentes internaciones y tratamientos.

La presentación judicial atribuyó a las inoculaciones diagnósticos entre los que menciona síndrome antifosfolipídico, plaquetopenia severa, enfermedad renal, trombocitopenia y distintas secuelas neurológicas. La existencia de una relación causal entre esas patologías y la vacunación constituye uno de los puntos centrales que deberá determinarse durante el proceso judicial.

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La documentación incorporada al expediente muestra que Ocaña atravesó diferentes episodios médicos en los años posteriores a la vacunación.

Un resumen de historia clínica del Hospital San Bernardo, correspondiente a una internación de octubre de 2022, consignó como antecedentes múltiples episodios convulsivos tonicoclónicos generalizados y una hipertensión arterial severa de reciente diagnóstico.

El documento señaló además que una resonancia magnética cerebral mostró lesiones interpretadas como isquémicas subagudas y lesiones cavitadas en ambos hemisferios cerebelosos.

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Posteriormente, el 22 de noviembre de 2023, Ocaña ingresó al Hospital Italiano de Buenos Aires para realizarse estudios y evaluar alternativas terapéuticas.

La demanda consignó estudios de riñón y resonancias cerebrales y señaló que el paciente permaneció internado en la Unidad de Terapia Intermedia de Adultos.

Según la documentación aportada, durante esa etapa recibió diagnóstico de síndrome antifosfolipídico y plaquetopenia severa, junto con alteraciones de la función renal y antecedentes de epilepsia asociada a lesiones encefálicas.

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La demanda estableció diferentes rubros indemnizatorios y calculó un reclamo total de $191.066.282,99.

Entre ellos aparecen una indemnización por incapacidad sobreviniente, $28 millones por daño moral, $700.000 por daño emergente y algo más de $50 millones en concepto de daño punitivo reclamado específicamente contra AstraZeneca.

Además, subsidiariamente, el demandante pidió acceder al Fondo de Reparación Covid-19 establecido por la Ley 27.573, que calculó en $63.817.680 al momento de formular la presentación.

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La presentación sostiene además que un análisis médico-legal particular realizado en noviembre de 2024 determinó una incapacidad del 70 por ciento.

Ese porcentaje forma parte de la prueba aportada por el demandante y deberá ser sometido al análisis correspondiente dentro del proceso judicial.

Uno de los aspectos centrales del expediente será establecer si existe una relación causal entre la aplicación de la vacuna y las patologías que presenta Ocaña.

Para ello, la parte demandante solicitó una pericia médica oficial que determine cuáles son las enfermedades y secuelas que presenta, su grado de incapacidad y si los diagnósticos pueden ser vinculados causalmente con la vacunación contra el Covid-19.

También pidió que los peritos establezcan si las patologías resultan compatibles con efectos adversos conocidos de la vacuna.

De esta manera, aunque la demanda sostiene expresamente la existencia de un nexo causal, esa vinculación constituye una afirmación de la parte actora que deberá ser evaluada mediante las pruebas del proceso.