Un condenado preso cuesta 3.7 veces más que su reintegración

El costo mensual mínimo es de $1.8 millones. El Programa de Apoyo a los liberados ocupa una fracción de ese monto.

Mantener a una persona privada de su libertad le costaría al Estado provincial, como mínimo, $1.863.049 por mes. El dato surge de una comparación de costos elaborada por la Dirección Provincial de Reintegración Social, que pertenece a la Secretaría de Justicia y Participación Ciudadana, y la cifra aún no fue confirmada oficialmente.

Sostener a esa misma persona que cumplió con la condena dentro del Programa de Apoyo Integral a Personas Liberadas (PAIPL), representa una erogación sensiblemente menor. El programa prevé una remuneración mensual condicionada a 26 horas semanales de entrenamiento laboral territorial, pensado como puente al empleo y no como subsidio permanente.

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La relación planteada por el organismo indica que la privación de libertad sale casi cuatro veces más caro que reintegrar. El valor es resultado de la comparación de costos elaborada sobre información institucional del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), correspondiente a agosto de 2026.

El importe detallado es un piso, y no contempla gastos de vehículos, transporte ni mantenimiento edilicio. Llevado a valores anuales, el encierro de una sola persona supera los $22,4 millones.

El contraste de costos convive con otro dato: el PAIPL tiene autorizadas 75 plazas por decreto, pero en junio de 2026 solo 25 personas estaban activas en el programa, apenas el 33% de su capacidad. La baja ocupación no se explica por la deserción de los participantes -la retención es del 65,8%-, sino por un freno en la incorporación por razones presupuestarias del Ministerio de Trabajo.

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Hay 17 postulantes que ya fueron entrevistados que elevarían la cifra a 42 beneficiarios, sin necesidad de una nueva decisión política, porque la habilitación ya existe.

Sobre este punto, el director del Programa de Reintegración, Santiago Emanuel Ahumada, consideró que "cubrir el cupo no requiere crear una política nueva, sino ejecutar una que ya fue adoptada".

En diálogo con El Ancasti, explicó que el programa fue creado por el Decreto N.º 1162/2024 dentro de la órbita de la Dirección Provincial de Reintegración Social (Decreto Acuerdo N.º 862/2024, Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia).

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Indicó además que contempla el pago de una cantidad de dinero en forme mensual, y entrenamiento laboral territorial de 26 horas semanales, con una duración de seis meses, que se puede prorrogar una sola vez.

Según los informes de seguimiento, el programa alcanzó un pico de 33 beneficiarios en marzo de 2026.

Una encuesta de noviembre de 2024 realizada a personas privadas de su libertad en Catamarca, sobre el 40% de la población carcelaria, muestra que el 91% tenía trabajo antes de ser detenido -60% de manera informal-, que 32% alcanzó solo el nivel primario, y que uno de cada cuatro no recibe visitas durante el encierro. Además, siete de cada 10 trabajan dentro del penal sin cobrar el peculio que exige la Ley 24.660.

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La evidencia internacional señala los primeros 90 días fuera de la cárcel como determinantes para la reintegración.

Entre otros resultados, Ahumada exhibió el de un beneficiario que, a través del entrenamiento laboral del programa, sumó una certificación de aproximadamente 1.300 horas de trabajo, y con ello, su primer antecedente laboral formal.

Según explicó, ese logro individual convive con un límite estructural, en el que la estructura de ejecución penal se concentra en la Capital, mientras que buena parte de quienes recuperan la libertad regresa a departamentos del interior, por lo general, a cientos de kilómetros de distancia.

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En este contexto, el abogado informó que para cubrir ese vacío, en agosto la Dirección -en el marco del tercer Taller de Jueces y Juezas de Paz, del programa Justicia Cerca del Poder Judicial-, comenzó a organizar una mesa de trabajo estable con la justicia de paz provincial y un protocolo de derivación directa.

El acuerdo suma a los 22 juzgados de paz de la provincia como puntos de detección y enlace -sin funciones de vigilancia, que están reservadas al juez de ejecución-, y sin insumir recursos adicionales.

Otro límite, esta vez de orden jurídico, es que el PAIPL funciona por decreto y no por ley, lo que lo deja expuesto a discontinuidad ante un cambio de gestión. Existe un proyecto legislativo -la Ley CAIPL-, que busca darle ese respaldo. Se suman otros déficits pendientes, como la ausencia de una vivienda de tránsito para quienes salen y no tienen techo propio, y el estigma laboral que persiste pese al entrenamiento certificado.

La comparación de costos deja como dato concreto que hay 17 postulantes que ya fueron entrevistados, a la espera de un lugar para ingresar al programa que, según la propia Dirección, resulta 3,7 veces menos costoso que el encierro. Ampliar el cupo no exige una nueva ley ni una nueva partida presupuestaria.