Un alerta necesario

El Informe Mundial sobre las Drogas 2026, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y recientemente presentado, señala que se registraron 331 millones de consumidores de drogas ilícitas en el mundo durante 2024, un salto del 34% respecto de diez años atrás, y cerca de 60 millones de personas con trastornos severos por consumo.

También menciona, a modo de ejemplo, que la producción mundial de clorhidrato de cocaína alcanzó en 2024 las 4.100 toneladas, cuadruplicando el volumen registrado una década atrás.

Otro dato de relevancia es la aparición de 755 nuevas sustancias psicoactivas en un solo año, evidencia de una industria criminal que innova permanentemente y a veces a mayor velocidad que la evolución de las estrategias para combatir el negocio del narcotráfico.

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El aumento del consumo de drogas ilegales entre los más jóvenes requiere políticas de salud pública que sean de aplicación permanente y no esporádica. El aumento del consumo de drogas ilegales entre los más jóvenes requiere políticas de salud pública que sean de aplicación permanente y no esporádica.

Lo que el informe deja en claro, entre otras cosas, es que Argentina y otros países del cono sur, como Chile, han dejado de ser meros corredores de tránsito para convertirse en centros de acopio, procesamiento y exportación hacia mercados de ultramar. Ninguna provincia puede darse el lujo de creerse ajena a esta dinámica. La Ruta Nacional N° 38, que atraviesa Catamarca y que conecta el Noroeste argentino con los grandes centros de consumo y procesamiento del Gran Buenos Aires, es un corredor por donde transitan permanentemente estupefacientes de manera clandestina. A esto se suma en la provincia un consumo local que, aunque con menor volumen que los grandes centros urbanos, viene creciendo con el correr de los años.

El informe de la UNODC remarca que el narcotráfico ya no puede combatirse solamente con respuestas fragmentarias ni con una lógica exclusivamente punitiva. La sofisticación de las redes criminales exige, señala el trabajo, una arquitectura de control que combine inteligencia criminal transnacional, modernización de los sistemas de detección en pasos fronterizos y puertos, y una inversión sostenida en los organismos de control aduanero y policial, hoy debilitados en el país por sucesivos recortes presupuestarios.

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Pero ninguna estrategia será eficaz si no incorpora la dimensión sanitaria y preventiva del problema. El aumento del consumo entre los más jóvenes requiere políticas de salud pública que sean de aplicación permanente y no esporádica, así como programas de prevención escolar y una red de tratamiento con alcance federal, que llegue también a provincias como Catamarca, donde la distancia respecto de los grandes centros de decisión no debería traducirse en una menor atención estatal del problema.

La Argentina enfrenta hoy un narcotráfico que ha cambiado de escala y de naturaleza. Seguir administrando el problema con los instrumentos del pasado —dispersos, subfinanciados y desconectados entre la Nación y las provincias— equivale a resignarse a que la próxima edición de este informe describa un país todavía más comprometido.