Subas en tarifa eléctrica por decisiones de Nación

El presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos, Javier Gronda, precisó el origen y la estructura de las recientes variaciones en las facturas de energía eléctrica, aclarando de manera taxativa que las mismas derivan exclusivamente de las políticas de quita de subsidios y readecuación de precios dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional.

El funcionario señaló que las subas tienen su causa directa en las Resoluciones 109/2026 y 151/2026 dictadas por la Secretaría de Energía de la Nación en mayo y julio, respectivamente. Las disposiciones determinaron un severo incremento en el precio de la energía que consumen los usuarios de las órbitas residencial y comercial dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.

Estas medidas se inscriben en el programa nacional de desregulación de precios del sector energético y eliminación progresiva de subsidios estatales, una política pública que también ha generado aumentos en los servicios de gas natural y combustibles como la nafta o el gasoil.

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En ese sentido, desde el Gobierno nacional, el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó oportunamente el apartamiento de la tutela estatal sobre las tarifas para avanzar hacia un esquema de libre mercado, aumentando el valor de la energía, y recomendando a la gente "abrigarse" en vez de consumir gas o luz.

Ayuda provincial

Gronda señaló que frente al adverso escenario derivado de esta política macroeconómica, el Gobierno de la Provincia ratificó su decisión de mantener inalterada la Tarifa Social Provincial. Esta política de asistencia económica beneficia actualmente a más de 68.000 usuarios jujeños, lo que representa una erogación presupuestaria superior a los $430 millones mensuales financiados con recursos producidos por Cauchari.

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"El esfuerzo financiero que realiza la Provincia para contener el componente tarifario y subsidiar a los sectores de mayor vulnerabilidad es enorme. Sin embargo, la concurrencia de la quita de subsidios federales y el aumento nominal del precio de la energía dispuesto por la Nación impactan de manera inexorable en la economía familiar", expresó.

Asimismo, explicó la complejidad del fenómeno, resaltando que "asistimos a una decisión del Gobierno nacional que opera en doble sentido: por un lado, se produce la quita de los subsidios y, por el otro, se indexa el costo de la energía a valores internacionales. Este doble impacto genera una coyuntura tarifaria sumamente compleja para el usuario final", completó.

Por otra parte, el titular de la Susepu brindó precisiones técnicas respecto del cargo Fondo Provincial de Energía de Jujuy (Fopej), incluido en las facturas del servicio. Explicó que la Puna y la totalidad del departamento Valle Grande se encuentran geográficamente separados del Sistema Interconectado Nacional. En consecuencia, el abastecimiento eléctrico de dichas regiones requiere de generación local mediante centrales eléctricas alimentadas a gas y combustibles, siendo el nodo principal la Central de Piedra Negra, en proximidades de La Quiaca.

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La generación aislada presenta costos operativos exponencialmente superiores -al menos cinco veces más elevados- en comparación con el sistema interconectado. Por tal motivo, el Fopej se instituye como un mecanismo de compensación y distribución solidaria de costos, prorrateado entre la totalidad de los usuarios de la provincia, garantizando el principio de homogeneidad tarifaria (a igual consumo, igual tarifa), con prescindencia de la ubicación geográfica del usuario.

Este instrumento de equidad responde a una política de Estado de larga data, plasmada formalmente en la Ley provincial 4.888 de 1996, concebida específicamente para paliar las asimetrías estructurales y las rigurosas condiciones ambientales de la Puna.

"El Fopej, anteriormente denominado SAP (Sistema Aislado Provincial), tiene por finalidad asegurar condiciones dignas de habitabilidad en las regiones más postergadas de nuestra geografía", consignó Gronda y puntualizó que "prescindir de este fondo de compensación solidario tornaría económica y materialmente inviable la prestación del servicio en esas zonas", finalizó.

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