Sostenibilidad fiscal y sostenibilidad social

La recomposición del sistema tarifario encarado por el gobierno de Javier Milei está afectando la capacidad de subsistencia de millones de hogares en la Argentina. Y eso es riesgoso porque la sostenibilidad fiscal no puede desligarse de la sostenibilidad social. Cuando las tarifas avanzan a una velocidad muy superior a la de los ingresos, especialmente entre quienes menos tienen, el equilibrio económico comienza a mostrar zonas de fragilidad que merecen ser atendidas.

Los datos difundidos por Fundación Capital ofrecen una señal de alerta en ese sentido. Según el estudio, una familia de bajos ingresos ya destina hasta el 22% de sus recursos mensuales al pago de electricidad, gas, agua y transporte. Se trata de una proporción considerablemente superior a la registrada apenas dos años atrás y que refleja el impacto acumulado del proceso de actualización tarifaria.

Mientras las tarifas crecieron alrededor de un 55% interanual, los salarios privados registrados habrían aumentado cerca de un 30%. Esa diferencia modifica inevitablemente la composición del presupuesto familiar. Hoy, el gasto promedio en servicios públicos representa el 10,8% del ingreso de los asalariados registrados, cuando hace un año equivalía al 9,1% y a fines de 2023 apenas alcanzaba el 4,3%.

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Para los sectores de mayores ingresos, el incremento tarifario puede traducirse en una menor capacidad de ahorro o en la postergación de determinados consumos. Para los hogares más vulnerables, en cambio, implica resignar alimentos, medicamentos, vestimenta, educación o recreación.

No puede desconocerse que todavía persisten subsidios importantes y que el propio informe advierte sobre la posibilidad de nuevas correcciones tarifarias, especialmente en materia energética y de transporte. Esa perspectiva obliga a reflexionar sobre la necesidad de acompañar el proceso con políticas que preserven el poder adquisitivo de los ingresos. La consolidación fiscal y la recomposición de las tarifas constituyen objetivos legítimos, pero deben convivir con mecanismos que impidan que el ajuste recaiga desproporcionadamente sobre quienes poseen menor capacidad para absorberlo.

La experiencia argentina demuestra que las reformas económicas logran perdurar cuando consiguen legitimidad social. Y esa legitimidad depende, en buena medida, de que los ciudadanos perciban que los esfuerzos exigidos se distribuyen con criterios de equidad y que los beneficios futuros no se convierten en promesas indefinidas.

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Por ello, junto con la continuidad del ordenamiento macroeconómico, resulta indispensable avanzar hacia una sostenida recomposición de los salarios y de los ingresos de jubilados y trabajadores. De lo contrario, el riesgo no será únicamente una caída del consumo o un deterioro del bienestar familiar. También podría resentirse el delicado equilibrio social sobre el cual debe asentarse cualquier programa económico que aspire a ser estable y duradero.