Sex Education

Por Basi Velázquez (*)

En Catamarca, seis de cada 10 adolescentes privados de la libertad, en un universo reducido, lo están por delitos contra la integridad sexual. El dato, señalado desde el Fuero Penal Juvenil, enciende una alerta y exige respuestas más allá de la intervención judicial. Desde el fuero especializado también se señaló que estos hechos suelen ocurrir en contextos de intimidad, tanto en el ámbito intrafamiliar como en reuniones entre adolescentes, donde puede haber consumo de alcohol y otras sustancias. Cuando el problema llega a la Justicia, el daño ya ocurrió.

La violencia sexual trasciende el ultraje y la agresión física. Adolescentes fueron denunciados por crear, mediante inteligencia artificial, imágenes sexuales falsas de sus compañeras de escuela. La modalidad ya genera investigaciones en distintos puntos del país, como Lomas de Zamora y Tucumán. En algunos casos, según las denuncias, el material se comercializa.

No se trata de un meme ni de una travesura. La creación y circulación de estas imágenes vulnera derechos y puede tener consecuencias penales, según las características del material y la conducta investigada. Esas consecuencias varían según el concurso con otros delitos y pueden implicar años de privación de la libertad. Lo mismo ocurre con determinadas formas de difusión de contenido sexual de niñas, niños y adolescentes. Que una persona haya consentido el envío de una imagen no habilita a terceros a reproducirla o distribuirla.

La violencia virtual también es real. En los encuentros del Consejo Provincial para la Erradicación de la Violencia Familiar y de Género, durante 2025 y 2026, se abordaron la violencia simbólica y la violencia digital. En ese marco, la comisario inspector Paola Baigorria, integrante de la Dirección de Formación y Capacitación Profesional de la Secretaría de Seguridad de Catamarca, advirtió que la violencia en los entornos digitales se difunde sin barreras. "Se pierde el control en este mundo sin paredes. La violencia digital es real, aunque sea artificial", sostuvo. Ante este panorama, la pregunta es qué pasó antes de llegar a la Justicia.

Ema

La escuela es uno de los principales espacios de socialización de niñas, niños y adolescentes. Hoy, el recreo, el grupo de WhatsApp del curso y las redes sociales forman parte de una misma trama de relaciones. La violencia no termina cuando suena el timbre. Tampoco comienza necesariamente dentro del aula.

El grupo de pares, que puede brindar contención, también puede convertirse en un vehículo de la agresión cuando comenta, viraliza o reenvía contenido íntimo. La escuela es, así, una caja de resonancia de la violencia digital, tanto en situaciones de ciberbullying como en la difusión de imágenes sin consentimiento.

Ema tenía casi 16 años. Alguien en quien confiaba difundió un video íntimo suyo sin su consentimiento. El material se viralizó en el colegio al que asistía. Al día siguiente, Ema puso fin a su vida. Según contó su familia, nadie supo cómo ayudarla ni tenía las herramientas necesarias para acompañarla en ese momento.

Laura Sánchez, su mamá, convirtió esa experiencia en una campaña de prevención. Junto con organizaciones especializadas como Ley Olimpia Argentina, Gentic y Faro Digital, impulsó la elaboración de la Guía Ema, una herramienta marco para actuar frente a situaciones de violencia digital en el ámbito educativo. El documento busca orientar a docentes, equipos de orientación y autoridades escolares ante una problemática que atraviesa el aula y afecta de manera particular a niñas, niños y adolescentes. Su punto de partida es claro: lo que ocurre en los entornos digitales también tiene consecuencias en la vida cotidiana. No es algo que desaparezca con apagar el celular.

La guía propone escuchar sin juzgar y evitar preguntas que responsabilicen a quien sufrió la difusión, como "¿por qué lo enviaste?". También recomienda no reenviar el material ni realizar indagaciones improvisadas en los dispositivos de estudiantes. La escuela debe activar los mecanismos de protección, comunicar la situación a los organismos competentes y articular con las autoridades correspondientes para preservar la información relevante.

Este material lo resume en una distinción importante: comunicar no es denunciar. Informar una situación a los organismos de protección permite activar una intervención sin que eso implique, necesariamente, formular una denuncia penal. También contempla medidas pedagógicas y procesos restaurativos, sin reducir la respuesta a un castigo. La protección de quien sufrió la violencia, su voluntad y las condiciones de seguridad deben orientar cualquier intervención.

La Guía Ema busca ofrecer a otras escuelas los recursos que a Ema y su familia les faltaron. Su edición también interpela a las personas adultas; no alcanza con advertir a los adolescentes sobre los riesgos de internet si no sabemos cómo actuar cuando esos riesgos se convierten en una situación concreta de violencia.

Ante situaciones que afectan los derechos de niñas, niños y adolescentes, se puede solicitar orientación a través de la Línea 102. La Línea 144 brinda asistencia ante situaciones de violencia de género.

ESI

Consentir un momento de intimidad no habilita a difundirlo. La Guía Ema reconoce la difusión no consentida de contenidos íntimos sexuales, de desnudez o de explotación sexual, incluso cuando fueron manipulados mediante inteligencia artificial, como una forma de violencia de género. También advierte que muchos manuales de convivencia escolar todavía no contemplan estas situaciones de manera adecuada. No necesariamente se trata de falta de voluntad. Las instituciones educativas enfrentan el desafío de incorporar los entornos digitales a su tarea cotidiana, con herramientas que permitan prevenir, intervenir y acompañar sin revictimizar.

No obstante, la problemática no se agota en la tecnología. La creación de imágenes sexuales falsas de compañeras obliga a preguntarse qué idea de la intimidad, del consentimiento y del cuerpo de las mujeres se reproduce entre adolescentes. Cuando un cuerpo se convierte en material disponible para la burla, la circulación o la comercialización, la violencia no se explica solamente por el uso de una herramienta digital.

La Educación Sexual Integral (ESI) tiene un lugar central en esa discusión.

La Ley Nacional 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, cumple 20 años. Catamarca adhirió mediante la Ley Provincial 5.552, en 2018.

La ESI no sólo se limita a prevenir embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual o abusos. Esta ley nacional concibe la sexualidad desde sus dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, afectivas y éticas. A la vez, promueve actitudes responsables y la igualdad de trato y oportunidades.

La sexualidad forma parte de la vida de los adolescentes. Por eso, la educación no puede limitarse a advertir sobre los riesgos ni a enumerar conductas prohibidas. También debe brindar herramientas para construir vínculos respetuosos, comprender el consentimiento, reconocer los límites propios y ajenos y cuestionar los estereotipos que convierten a las mujeres en objetos disponibles para otros.

El consentimiento no se transfiere. La intimidad no es una mercancía. Una agresión no se vuelve inocua porque ocurra detrás de una pantalla. La ESI no puede llegar solamente después del daño. Debe formar parte de una política sostenida de prevención, que brinde herramientas para comprender que la sexualidad también es una forma de relacionarse. En ese aprendizaje, cuidarse a sí mismo es también cuidar a la otra persona.

(*) Redactora especializada. Periodista de la Sección Judiciales de Diario El Ancasti.