Sesión legislativa: la "fiduciaria" dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Resumen para apurados

La creación de la Fiduciaria de Tucumán (Sociedad Anónima y Unipersonal, SAU) acaparó el debate en la Legislatura, donde el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para facilitar el acceso al crédito de las empresas y los emprendedores, mientras que legisladores opositores cuestionaron que el Gobierno no utilice la Caja Popular de Ahorros (CPA) para cumplir ese mismo objetivo dado que, según esgrimieron, la entidad de 111 años persigue los mismos fines. La iniciativa fue aprobada por mayoría, con modificaciones, con 33 votos afirmativos, tres negativos y tres abstenciones.

La creación de una sociedad estatal para administrar el Fondo de Garantía de Tucumán (Fogatuc) fue el mayor punto de conflicto en un debate que fue presidido por el vicegobernador Miguel Acevedo y que incluyó una quincena de temas en el orden del día. Es que opositores y parlamentarios justicialistas alineados con La Bancaria advirtieron sobre una posible superposición de funciones con la Caja Popular y puso en duda los mecanismos de transparencia y control de los recursos, algo que fue rechazado absolutamente por el oficialismo.

El miembro informante, Carlos Gallia, rechazó que se trate de una "Caja Popular paralela", como expresaron algunos parlamentarios. Sostuvo que la iniciativa busca resolver las dificultades que enfrentan los productores para acceder al crédito por falta de garantías. "Viene a resolver esa injusticia estructural con los instrumentos modernos", manifestó y dijo que el aporte inicial será de $1.000 millones. Explicó que el Estado será el único accionista de la nueva sociedad y defendió que funcione bajo las normas del derecho privado para evitar la burocracia administrativa. Acotó que se acordó la eliminación del dictamen de mayoría de un artículo que estaba en contraposición con la CPA.

Claudio Viña, quien firmó un dictamen de minoría, cuestionó que se impulse una nueva estructura cuando la CPA ya contempla funciones de fomento económico. Además, reclamó reglas de rendición de cuentas que permitan conocer quiénes recibirán los créditos y cómo se garantizará su devolución. "No vaya a ser que el gobernador haya dicho en una charla con ministros 'por qué no hacemos un asao' y han terminado entendiendo mal y están haciendo una SAU", chicaneó.

En la misma línea, el bancario Hugo Ledesma y José Cano sostuvieron que la CPA ya cuenta con herramientas legales para administrar un fondo de estas características. El radical consideró que la propuesta puede perseguir fines nobles, pero opinó que es innecesaria la creación de la sociedad y cuestionó sus mecanismos de control. Ambos se abstuvieron de votar, al igual que Silvia Elías de Pérez, quien aclaró que sus críticas sobre una "Caja paralela" apuntaban a que la nueva estructura quedaría bajo la órbita del Poder Ejecutivo y no de la CPA.

El peronismo, por su parte, respondió que la nueva herramienta no busca reemplazar a la Caja Popular, sino complementar las opciones de financiamiento. Gerónimo Vargas Aignasse planteó que separar la administración del fondo permitiría evitar conflictos políticos, institucionales y patrimoniales que pudieran afectar a la entidad. Además, Gallia agregó que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) había solicitado determinadas condiciones para participar en el esquema. Carolina Vargas Aignasse rechazó que se trate de algo oscuro y afirmó que ayudará a desarrollar la industria del conocimiento. Mario Leito, en tanto, defendió el proyecto como una herramienta para sostener el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en un contexto de caída de la obra pública. "Esto no es una aventura financiera ni una medida electoralista", subrayó en el recinto.

En el cierre del debate, el presidente del bloque, Roque Tobías Álvarez, consideró que el debate se centró en la falsa disyuntiva entre la CPA y la fiduciaria. Opinó que ambas herramientas pueden coexistir y que el nuevo fondo apunta a respaldar proyectos productivos que no consiguen financiamiento por falta de garantías. A su vez, remarcó contará con toda la transparencia ya que el Fogatuc tiene que inscribirse ante el Banco Central de la República Argentina.

Al momento de la votación nominal, Viña reconoció que le ministro Daniel Abad (Economía y Producción) fue claro en sus explicaciones en la Legislatura, pero remarcó que mucho de lo que explicó no está plasmado en el texto y que por eso su voto finalmente fue en contra.

Se sancionó ayer la extensión hasta el 31 de diciembre de 2027 de la Ley N° 9405. La medida busca evitar una ola de ejecuciones judiciales inmediatas tras finalizar la tutela judicial colectiva. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gabriel Yedlin, sostuvo que no se pretenden desconocer derechos ni perpetuar la excepcionalidad. El objetivo central es otorgar un plazo de transición prudente y razonable para encauzar los conflictos contractuales mediante asistencia técnica, información y respeto por las garantías constitucionales de las partes.  Otros parlamentarios remarcaron que no es desconocer un contrato.