Se profundiza la asimetría

Mientras el país exhibe un récord histórico de producción de gas, con 140 millones de metros cúbicos diarios extraídos fundamentalmente de Vaca Muerta, la demanda invernal supera los 180 millones y el sistema troncal de ductos, en días de intenso frío como los vividos la semana pasada, no da abasto.

Argentina no enfrenta una crisis energética en sentido estricto, sino una crisis de infraestructura. El Gasoducto Néstor Kirchner —hoy Perito Moreno— fue, sin dudas, un avance significativo respecto de la dependencia estructural de las importaciones. Pero la obra complementaria que debía potenciarlo, una iniciativa privada para sumar 14 millones de metros cúbicos diarios de capacidad, tardó un año en recibir la aprobación oficial y no llegó a tiempo para este invierno. Llegará, en el mejor de los casos, para el próximo. Mientras tanto, el norte argentino —Catamarca incluida— queda directamente al margen de esa mejora. Los propios especialistas advierten que el tramo que debía subir más gas hacia el NOA ni siquiera está proyectado.

El resultado más visible de esta desidia planificadora recae, con crudeza, sobre el sector productivo. Entre 120 y 130 empresas en todo el país sufren los días de mucho frío interrupciones de suministro, con un impacto desproporcionado en las provincias norteñas, donde además el Gobierno decidió cortar el ingreso de gas boliviano que históricamente aliviaba los picos de demanda regional. Las industrias que buscan cubrirse con Gas Natural Licuado importado terminan pagando hasta 27 dólares por millón de BTU, un valor casi diez veces superior al que rige en otras regiones del país, según denunció la Unión Industrial de Tucumán.

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En materia de infraestructura energética, los tiempos del mercado y los tiempos de la necesidad social rara vez coinciden. En materia de infraestructura energética, los tiempos del mercado y los tiempos de la necesidad social rara vez coinciden.

El argumento del gobierno nacional para frenar la obra pública es la necesidad de preservar el superávit fiscal. Este razonamiento omite cómo la falta de infraestructura afecta a la industria, que debe paralizar líneas de producción, mientras algunas economías regionales pierden competitividad frente a otras que sí tienen gas barato. Se profundiza, así, la histórica asimetría entre un centro desarrollado y un norte postergado.

La solución estructural que mencionan los propios especialistas —un nuevo gasoducto entre Tratayén y La Carlota— existe como proyecto, pero depende de que el sector privado consiga demanda y financiamiento propios, ya que el Estado no asume un rol activo de facilitador. Es una lógica consistente con la matriz ideológica del gobierno de Javier Milei, que prefiere que el mercado resuelva lo que antes resolvía la obra pública.

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El problema es que, en materia de infraestructura energética, los tiempos del mercado y los tiempos de la necesidad social rara vez coinciden. Mientras se espera que aparezca el financiamiento adecuado, las industrias del norte siguen pagando el gas más caro del país y sufriendo cortes que hunden aún más a la producción industrial.