Revés judicial para Manuel Adorni: prohíben su salida del país sin autorización judicial previa
El juez federal Ariel Lijo ordenó que el exjefe de Gabinete informe cualquier intención de viajar al exterior. La medida se da en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que también alcanza a su círculo íntimo.
Resumen para apurados
La situación procesal de Manuel Adorni se agravó en las últimas horas. El juez federal Ariel Lijo dispuso una restricción de movimientos para el exfuncionario, al establecer que deberá informar y solicitar autorización ante cualquier intento de abandonar el territorio nacional.
La medida, firmada a última hora de ayer, representa un avance significativo en la investigación y coloca al exvocero presidencial a un paso del llamado a declaración indagatoria.
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La decisión del magistrado busca asegurar la comparecencia de Adorni ante la Justicia mientras se profundiza el peritaje sobre sus bienes. La causa no solo se centra en el exjefe de Gabinete, sino que extiende sus pesquisas hacia su esposa, Bettina Angeletti, y su hermano, bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito.
Los peritos contables trabajan actualmente sobre un abanico de pruebas que incluyen los gastos corrientes del exfuncionario, sus desplazamientos internos y la reciente adquisición de propiedades de lujo.
El foco principal está puesto en las marcadas inconsistencias detectadas entre el estilo de vida de Adorni y las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control, las cuales registran diferencias patrimoniales que el exvocero aún no ha podido justificar.
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En paralelo, una segunda línea de investigación sumó un capítulo clave: el presunto uso de vuelos privados para fines personales. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen para investigar un viaje que Adorni habría realizado a la isla de Aruba.
En este expediente, caratulado como "malversación de caudales públicos", se intenta determinar si se utilizaron fondos o influencias estatales para financiar traslados de carácter privado.
Pollicita solicitó al juez Lijo que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tenga acceso directo al expediente y pidió informes urgentes a la empresa propietaria de la aeronave involucrada.
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La Justicia busca reconstruir la hoja de ruta de aquel vuelo y confirmar quiénes costearon los gastos de operación del avión, en una trama que amenaza con complicar aún más la situación penal del exfuncionario libertario.
Como parte de las medidas para "transparentar" los movimientos del exvocero, la fiscalía ordenó a la Dirección Nacional de Migraciones que remita la totalidad de los registros de entrada y salida del país de Manuel Adorni desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha.
Sin embargo, el pedido no se limita solo al exfuncionario: el fiscal Pollicita también requirió los movimientos migratorios del periodista Marcelo Grandio, quien habría sido acompañante en los vuelos bajo sospecha. Esta medida apunta a verificar si existió una red de beneficios cruzados o si el uso del avión privado fue una constante durante los meses en que Adorni ejerció la máxima cercanía con el poder ejecutivo.
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Con el entrecruzamiento de datos de Migraciones y los manifiestos de vuelo, la Justicia busca determinar si hubo un desvío sistemático de recursos para el beneficio personal del exjefe de Gabinete.
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