Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Resumen para apurados

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán envió un proyecto de reforma tributaria al Concejo Deliberante que dispone la eliminación de casi 60 impuestos. Los ediles deberán revisar el escrito que lleva la firma de la intendenta Rossana Chahla y plantea un alivio a las responsabilidades de pago y de tramitación que asumen los contribuyentes. ¿Cuáles son los ítems en cuestión?

La iniciativa presentada ayer en el edificio de Monteagudo y San Martín busca -según sostiene el escrito- "optimizar el funcionamiento estatal y mejorar la experiencia fiscal del vecino", a través de la exclusión de cobros vinculados a certificaciones, solicitudes administrativas, habilitaciones, registros, inspecciones, entre otros trámites.

En detalle, se propone la eliminación de 59 conceptos incluidos en la Ordenanza Tarifaria N° 5.487/25 y en el Código Tributario Municipal N° 4.536/13. La permanencia de estos ítems -se indica en la exposición de motivos- acarrea costos operativos que superan ampliamente los beneficios de su recaudación.

Es así que se decidió impulsar una simplificación del sistema tributario municipal para, además, reducir costos administrativos, eliminar tributos de baja significación económica y promover la modernización del Estado municipal mediante la eliminación de cargas tributarias "que no guardan adecuada relación costo-beneficio para la administración y los contribuyentes".

"Tras una exhaustiva revisión interna, se determinó que estos tributos poseen una escasa incidencia en las arcas municipales (recaudación marginal) pero generan una alta carga administrativa", desarrolla el escrito firmado por Chahla. Y reitera que también se persigue el propósito de digitalizar los procedimientos y mejorar la relación entre la administración municipal y los vecinos.

El proyecto de ordenanza que deberá analizar el cuerpo presidido por Fernando Juri se compone de 19 artículos, de los cuales 16 disponen la derogación de incisos específicos de las normas tributarias.

Por ejemplo, del Código Tributario Municipal se solicita la eliminación de los artículos desde el 214 al 217, que se refieren a las contribuciones que inciden sobre la instalación y suministro de agua, servicio de cloacas y gas natural por redes. El hecho imponible mencionado corresponde a los servicios municipales de vigilancia e inspección de las instalaciones y la alícuota está fijada en el 3% de la liquidación por consumo de agua.

El proyecto de Chahla, también firmado por Fernanda Herrera, secretaria de Ingresos Municipales, elimina ítems en las tasas de actuación administrativa, como el cobro por la solicitud o inspección para extracción o poda de árboles por cuestiones de interés particular (dispuesto en 60 Urbanos, hoy en $23, que serían unos $1.380), o la solicitud de certificado de libre deuda por infracciones de tránsito (con un costo de 300 Urbanos, traducidos en $6.900).

Se quitarían allí otros conceptos, como el cobro por solicitud de estado de cuenta y/o deuda; por el envío de notificaciones o intimación o cualquier otro tipo de avisos referentes a falta de pago o imposición de sanciones; por solicitud de inscripción de empresa de publicidad en cercas de obra, entre otros.

Asimismo, se removería un ítem que impone el cobro de 1.620 Urbanos (unos $37.260) por solicitudes para otorgamiento de plazos por trabajos de acondicionamiento en locales ya habilitados por cada 30 días.

El proyecto propone la eliminación del artículo 30 de la Ordenanza Tarifaria, sobre las solicitudes por ocupación en la vía pública, como por ejemplo, de kioscos con parada fija (de $7.935 a $13.179); máquinas automáticas expendedoras ($8.970); para la venta de flores en peatonales ($26.381) o en otros lugares ($13.179); para la colocación de elementos como mesas, sillas o similares y su renovación anual ($19.780); y para el estacionamiento de vehículos motorizados o trailers denominados Food Trucks ($23.000).

A su vez se plantea quitar algunos ítems al artículo que se refiere a los derechos de oficina, como los referidos a cementerios o en las solicitudes por introductor de verduras, frutas, aves, huevos, pescados, mariscos y todo otro producto que se comercializa dentro de su ámbito ($8.970).

En tanto, la Municipalidad capitalina sugiere derogar el articulado que impone el cobro de $3.450 por la solicitud de permiso para la construcción y/o refacción de veredas; y $12.650 para solicitudes de factibilidad varias.

Otro artículo que se pretende eliminar se refiere a las cobranzas y retenciones que se efectúan a terceros a partir de las tramitaciones y tareas contables administrativas que la Municipalidad gestiona para su personal.

Asimismo, Chahla busca remover las retenciones por servicios especiales de extracción y de retiro de árboles, escombros, animales muertos, etc. desde el interior de los domicilios, que según la Ordenanza N° 5.487 corresponde a un 1% de los montos retenidos por la actividad.

El proyecto de ordenanza elimina el artículo N° 239 del Código Tributario Municipal de venta de publicaciones municipales, que dispone que por la venta de cada ejemplar de la mencionada norma, de la Ordenanza Tributaria Especial, del Digesto, de la Ley Orgánica de Municipalidades y de ediciones del Boletín Oficial, se pagará entre cuatro a 10 Urbanos por cada hoja (entre $92 y $230).

El proyecto expone que la eliminación de estas tasas se traduce en ventajas tangibles para el contribuyente y para la administración municipal.

Para los vecinos, se defiende el ahorro de tiempo y dinero por solicitudes administrativas, como la primera hoja a $1.150 y subsiguientes a $460; las certificaciones gratuitas de alta demanda, como en el caso del certificado de libre deuda y el de cumplimiento fiscal; la reducción directa en servicios esenciales; y el impulso económico y comercial, por la eliminación de tasas por habilitación edilicia y otros impuestos.

Para el Estado, se menciona la reducción de filas y burocracia presencial; la modernización tecnológica; y la optimización del gasto público permitiendo que las reparticiones puedan "reestructurar su capacidad operativa para enfocarse en la mejora de la calidad de los servicios generales brindados".