Reclamo frente a Casa de Gobierno: ex operarios de Neba exigen el pago de indemnizaciones adeudadas

Trabajadores despedidos denunciaron el abandono del gremio, advirtieron que la firma les adeuda unos 5 millones de pesos a cada uno y pidieron ayuda al Ejecutivo para reinsertarse laboralmente debido a las barreras por la edad.

Un grupo de ex empleados de la fábrica de heladeras y freezers Neba, planta industrial que cerró sus puertas en el Parque Industrial El Pantanillo, se concentró frente a los ingresos de la Casa de Gobierno para visibilizar la delicada situación económica que atraviesan. En diálogo con El Esquiú Play, el vocero de los damnificados, Ricardo Arce, denunció que la firma cortó de manera unilateral el plan de pagos de las indemnizaciones y que se encuentran desamparados por la conducción gremial.

De acuerdo con lo explicado por Arce, tras el cierre de la planta se había establecido un esquema de pago donde el Gobierno de la Provincia asumió el 20% de la indemnización —monto que ya fue percibido por los operarios—, mientras que la patronal debía abonar el 80% restante en cuatro cuotas. Sin embargo, la empresa solo cumplió con dos de los pagos estipulados y suspendió los desembolsos, adeudando una suma estimada en 5 millones de pesos a cada uno de los 40 trabajadores que quedaron en la calle.

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Sin respaldo gremial: Los manifestantes apuntaron contra el secretario gremial, Pedro Brizuela, acusándolo de soltarles la mano. "Nos dijo que un juicio nos iba a llevar cinco años y que buscáramos un abogado particular", relató Arce.

Irregularidades en la DIL: Los trabajadores debieron contratar un patrocinio legal grupal y descubrieron que el convenio original homologado en la Dirección de Inspección Laboral (DIL) presentaba severas falencias. "El abogado nos dijo que el contrato estaba mal hecho por la DIL, el gremio y la patronal; era todo favorable a la empresa y a nosotros nos dejaron sin nada", reclamó con indignación.

La empresa sigue activa: El vocero aclaró que Neba no está en quiebra, sino que continúa fabricando y exportando desde otra sede: "Ellos se llevaron la firma, están haciendo plata vendiendo freezers y heladeras en todos los comercios, y nosotros estamos en la calle".

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La protesta expuso además una problemática estructural que afecta a la mitad del personal despedido: las dificultades de conseguir empleo formal después de determinada edad. Arce detalló que el 50% de los operarios damnificados tienen entre 50 y 55 años, una franja etaria que encuentra las puertas cerradas en el polo industrial local, donde la prioridad de contratación suele fijarse en menores de 30 años.

Ante este complejo escenario, y tras cinco meses de subsistir de manera precaria, los trabajadores presentaron una nota formal ante las autoridades gubernamentales solicitando asistencia para insertarse en nuevos puestos de trabajo o el otorgamiento de becas de contingencia que les permitan afrontar los gastos diarios, el pago de alquileres y el sostén de sus hijos en edad escolar.

Los operarios calificados adelantaron a El Esquiú Play que continuarán unidos y en asamblea permanente frente a la sede gubernamental, remarcando que mantendrán las medidas de fuerza "golpeando puertas" hasta obtener una solución definitiva que les restituya los fondos que legítimamente les corresponden como ciudadanos catamarqueños.