Qué es Sea Lion, el proyecto para extraer petróleo de las Islas Malvinas

Resumen para apurados

El Gobierno argentino puso en marcha un exhaustivo paquete de medidas diplomáticas, normativas y de defensa para bloquear el desarrollo del proyecto extractivo Sea Lion, una iniciativa impulsada por capitales británicos e israelíes con la que se pretende iniciar la producción masiva de petróleo en aguas de las Islas Malvinas. La reacción de la administración nacional, acompañada por demandas judiciales de ambientalistas y excombatientes de la guerra de 1982, busca neutralizar lo que consideran una concesión ilegal de licencias en la plataforma continental argentina que amenaza los recursos estratégicos del país.

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei anticipó que el Estado desplegará herramientas sancionatorias, presupuestarias y legislativas para impedir el avance de la iniciativa offshore. Durante su alocución, el mandatario fundamentó la urgencia de la decisión oficial: "Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen en nuestro mar".

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Asimismo, el jefe de Estado remarcó las consecuencias geopolíticas de permitir los trabajos en la zona disputada: "Si lo permitimos, estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos".

En esa misma línea, el Presidente alertó sobre el alcance de los emprendimientos hidrocarburíferos privados que operan al margen de la legislación argentina: "Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina. Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente, y demanda una repuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados".

Para instrumentar la respuesta estatal, el Ejecutivo alista un decreto de necesidad y urgencia destinado a agilizar las sanciones contra las corporaciones petroleras, directivos, accionistas y proveedores que participen sin autorización argentina en las Malvinas. El esquema contemplará restricciones comerciales estrictas en el país y mecanismos reforzados de identificación de infractores. En simultáneo, un segundo decreto incrementará el presupuesto del Ministerio de Defensa para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y optimizar las telecomunicaciones estratégicas en el Atlántico sur.

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A la par, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para endurecer penalidades a toda la cadena de valor vinculada a la explotación de recursos en la región, habilitando el juicio en ausencia y bloqueando contrataciones públicas o privadas en la Argentina. La propuesta contempla además la creación del Consejo de Seguridad Nacional, integrado por Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, para salvaguardar infraestructuras críticas y reforzar la vigilancia aérea, marítima y espacial.

El proyecto es impulsado por dos compañías cotizantes: la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que en diciembre de 2025 anunciaron la decisión definitiva de inversión.

Navitas Petroleum, con sede central en Herzliya (Israel) y cotización en Tel Aviv, opera también desde Houston y Londres. Ingresó a Sea Lion a principios de 2020 con un 30% de participación. Con el tiempo se convirtió en operadora y actualmente posee el 65%, mientras que el 35% restante pertenece a Rockhopper.

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Por su parte, Rockhopper Exploration opera en las Islas Malvinas desde 2004 y cotiza en Londres. En la cuenca norte, su actividad de exploración se centró en las licencias PL032 y PL004, que contienen los complejos Sea Lion e Isobel-Elaine —este último proyectado para una tercera fase—. En la cuenca sur y este, adquirió mediante la compra de Falkland Oil and Gas Limited (FOGL) un 52% en terrenos operados por Noble Energy. Tras el retiro de Noble Energy y Edison por los resultados del pozo Humpback, Rockhopper asumió en 2017 la operación del 100% de esas áreas, aclarando que "no existen compromisos financieros ni operativos pendientes vinculados a sus intereses en esa zona".

El rechazo institucional cuestiona la legalidad de las licencias concedidas unilateralmente a las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Ubicado a 450 metros de profundidad en el océano Atlántico sur y a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, el yacimiento Sea Lion fue descubierto en mayo de 2010 por Rockhopper. Las proyecciones para extraer crudo en este campo submarino están organizadas en fases.

La primera etapa se concentrará en el Área de Desarrollo Norte, donde se prevé la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) llamada Aoka Mizu. Esta unidad llegará este mes a un astillero del sudeste asiático para su modernización antes de enviarse a Malvinas, mientras que la plataforma de perforación arribará a principios de 2027. La segunda fase en esa área se iniciará tres años después de la primera extracción, con 12 pozos adicionales.

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Posteriormente se avanzará sobre el Área de Desarrollo Central, con 20 pozos en una primera fase para extraer el primer barril hacia fines de 2030, y una segunda fase de 18 pozos. Además, el 17 de agosto Navitas ejerció una opción de compra por U$S125 millones para adquirir el buque OSX1 como segunda unidad FPSO. En paralelo, en las islas avanzan las obras de preparación del muelle, la base costera y alojamientos para operarios.