Proponen ampliar el alcance de la responsabilidad empresaria mediante beneficios impositivos

En Diputados

La iniciativa señala que la adhesión será voluntaria y otorgará prioridad para acceder a exenciones fiscales y líneas de crédito estipulando multas basadas en la facturación

A través de un proyecto, la presidenta de Diputados, Paola Fedeli, propone crear un marco normativo unificado para que el comercio, la industria y los servicios adopten la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Eso sí, la adhesión será voluntaria y otorgará prioridad para acceder a exenciones fiscales y líneas de crédito estipulando multas basadas en la facturación para quienes incumplan los estándares de transparencia o falseen metas de sustentabilidad.

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La RSE no es un concepto nuevo a nivel local, ya que se aplica en el sector minero en los fideicomisos con aportes directos por facturación y exigencias en los Informes de Impacto Ambiental. En ese contexto, el proyecto busca institucionalizar y derramar esa misma gimnasia corporativa hacia el resto de la matriz económica provincial.

La iniciativa propone la creación del Régimen Provincial de Responsabilidad Social Empresarial, un marco regulatorio único que tiene por objeto "promover, incentivar y reconocer prácticas empresariales social y ambientalmente responsables que contribuyan al desarrollo sostenible, la protección del ambiente, el bienestar social y el fortalecimiento de la economía local".

La principal novedad radica en su transversalidad, ya que plantea que ha llegado el momento de que sectores tradicionales como el comercio, la industria manufacturera, la construcción y los servicios adopten parámetros de rendición de cuentas similares a los que ya operan en la actividad extractiva.

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Al respecto, en los fundamentos de la propuesta impulsada por la titular del cuerpo legislativo, se advierte que "en el contexto socioeconómico actual las corporaciones y unidades productivas ya no pueden ser consideradas meros agentes aislados destinados a la maximización de ganancias impositivas. Su accionar impacta de manera directa en el entramado laboral, ambiental y social de los territorios donde operan". En sintonía, se estipula que la ley será de aplicación para aquellas empresas públicas, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras, dedicadas a actividades industriales, comerciales o de servicio que se desarrollen en la provincia.

A fin de garantizar que la iniciativa no colisione con los regímenes que el Ministerio de Minería exige a las compañías de ese sector, el texto prevé un mecanismo de acople técnico. Se aclara explícitamente que, para el caso de empresas del sector minero y sus grandes contratistas, la Autoridad de Aplicación propiciará la armonización de los indicadores del informe con los estándares internacionales específicos de la industria como Towards Sustainable Mining TSM u otros equivalentes.

Al tratarse de un régimen de adhesión voluntaria, el proyecto introduce una serie de incentivos estatales y "premios impositivos" para tentar al empresariado local a ingresar al sistema. Quienes decidan sumarse y certifiquen anualmente sus balances sociales y ambientales obtendrán un distintivo público y, fundamentalmente, beneficios económicos concretos.

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El articulado precisa que el cumplimiento y certificación regular del Informe de RSE constituirá un antecedente de valoración prioritaria y un requisito preferencial para el otorgamiento, ampliación o libre transferencia de beneficios fiscales, económicos o de crédito fiscal que la Provincia establezca mediante leyes sectoriales específicas de fomento productivo o industrial. Asimismo, se contemplan facilidades de acceso a financiamiento de la banca pública y prioridad para representar a Catamarca en ferias comerciales nacionales e internacionales.

La contracara de estos beneficios es un estándar de fiscalización y sanción diseñado para desalentar el uso de la RSE como una mera estrategia de marketing o lavado de imagen corporativa. Quienes opten por acceder a las ventajas estatales asumirán "un compromiso ineludible con la transparencia pública". De acuerdo con los fundamentos, "cualquier falseamiento o defraudación a las metas comprometidas será pasible de sanciones pecuniarias directas atadas a la facturación bruta anual del infractor". En términos técnicos, se detalla que, previo sumario administrativo, el incumplimiento o engaño en los informes anuales dará lugar no solo a la pérdida total de los beneficios y la baja definitiva del registro, sino también a una multa equivalente al cero coma cero tres por ciento (0,03%) de la facturación bruta anual del ejercicio económico inmediato anterior.