Presupuesto 2027: cuántos fondos hay para las universidades, el acueducto de Vipos y la autopista de Termas

Resumen para apurados

El Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, ingresó formalmente este martes por la noche a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Presupuesto 2027, con el objetivo de definir el programa económico del próximo año de la gestión presidencial mediante una proyección de crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación anual del 18%, reestructuraciones en el área de Discapacidad, la definición de los fondos que serán destinados a las Universidades nacionales y la reactivación de la obra pública, con proyectos importantes para Tucumán y Santiago del Estero.

La iniciativa parlamentaria, respaldada con la firma del Jefe de Estado junto a la del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue entregada a la mesa de entradas del Congreso pasadas las 22. El diseño del Presupuesto 2027 descansa sobre el principio del equilibrio fiscal estricto, proyectando un superávit primario de $18,44 billones (equivalente al 1,3% del PBI) y un superávit financiero de $3,30 billones (0,2% del PBI) tras computar el pago de los intereses de la deuda pública.

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Dentro de las pautas macroeconómicas, el Palacio de Hacienda anticipa una recuperación de la actividad económica del 4% y un proceso de desaceleración de los precios que ubicaría la inflación en un 18% interanual. A su vez, las planillas oficiales estiman una suba en el salario promedio formal del 25,4%, porcentaje que se ubica por encima del índice inflacionario previsto. En el plano cambiario, la proyección oficial establece un valor de $1.847,60 por dólar para fines de 2027. Desde el Ministerio de Economía remarcaron que ese monto responde a un cálculo derivado de ajustar la cotización actual según la inflación esperada y no a una meta cambiaria rígida.

En el área de Discapacidad, la iniciativa propone modificaciones de fondo al marco legal e institucional vigente. La reforma modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad y fija el haber de la Pensión No Contributiva por invalidez laboral en un monto equivalente al 70% de la jubilación mínima. También impone un criterio de incompatibilidad previsional: el cobro de esta asignación quedará vedado para toda persona que mantenga un trabajo formal o que se encuentre dada de alta en el régimen general o simplificado de recaudación.

En cuanto al esquema de prestaciones, el Presupuesto 2027 finaliza con la escala universal del nomenclador de aranceles. La nueva regulación estipula que cada organismo o entidad obligada tendrá la facultad de determinar sus propios valores. Para el sector público nacional, las actualizaciones se realizarán con periodicidad trimestral y, ante su ausencia, se aplicará como mecanismo de ajuste la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

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El texto elevado al Congreso dispone además la derogación explícita de los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. Esta decisión impacta de forma directa sobre la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y deja sin efecto la garantía de acceso a programas médicos de cobertura integral de salud para sus beneficiarios. También se elimina la conversión automática de oficio hacia ese régimen de protección. En el caso del derogado artículo 14, la norma suprimida estipulaba que las escalas arancelarias del Sistema de Prestaciones Básicas "serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley" bajo la regulación del directorio correspondiente y los mecanismos del Decreto 274/24.

El capítulo destinado a las Universidades nacionales anticipa un escenario de alta conflictividad entre el Poder Ejecutivo y el sistema educativo. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna una partida global de $7,3 billones para cubrir los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales. Se trata del mismo monto que los rectores habían requerido para 2026, que cerrará con un nivel de ejecución cercano a los $6 billones.

La asignación oficial dista considerablemente de las necesidades operativas planteadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Durante el 96° Plenario de Rectoras y Rectores desarrollado en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), las autoridades académicas aprobaron un cálculo presupuestario propio que fija las necesidades del sector en $11 billones para 2027. Esta brecha de $3,7 billones entre lo proyectado por el Gobierno y lo solicitado por el CIN prevé abrir la puerta a nuevas demandas en el fuero judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Junto a la asignación de recursos, el Poder Ejecutivo sumó en el artículo 12 del proyecto una herramienta de fiscalización sobre el uso de los fondos públicos. La disposición habilita al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a interrumpir las transferencias financieras a aquellas instituciones que incumplan con la entrega de información contable y presupuestaria requerida. En materia salarial, los incrementos para docentes y nodocentes durante 2027 tomarán como base la masa de personal registrada a noviembre de 2026. Frente a este panorama, las comunidades de las Universidades confirmaron la organización de la quinta Marcha Federal Universitaria para la primera semana de octubre.

El programa de obras de infraestructura contempla una distribución de partidas centrada en conectividad vial, saneamiento y agua potable. Dentro de la planificación federal, de Tucumán figura entre las jurisdicciones receptoras de mayores desembolsos.

La obra con mayor asignación de recursos en Tucumán es la construcción del Acueducto Vipos. Para el ejercicio 2027, el proyecto prevé una partida de $25.113 millones, en el marco de una inversión global que supera los $148.000 millones. El plan presupuestario reserva para la provincia $2.196 millones destinados a la planta depuradora de líquidos cloacales en Concepción, junto a fondos específicos para la ejecución de obras viales en las rutas nacionales 9 y 38, que abarcan las remodelaciones del acceso sur a la capital tucumana.

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El trazado de la obra pública en las provincias incorpora además otros proyectos regionales de envergadura, como la asignación de $18.097 millones para la autovía sobre la Ruta Nacional 9 (tramo Capital - Termas de Río Hondo) y financiamiento para el corredor vial con General Pinedo (Chaco).

Para Chubut y Corrientes se incluyeron partidas por $1.665 millones para la duplicación de la Ruta Nacional 3 entre Puerto Madryn y Trelew, y $1.724 millones para la variante de la Ruta Nacional 12 en la capital correntina, sumados a $6.895 millones para saneamiento en esa ciudad.

En el texto se destaca también Inclusión del tercer carril en la autopista Buenos Aires-Rosario ($7.985 millones) y trabajos sobre la Ruta Nacional 178 con una proyección plurianual de $47.850 millones, junto con fondos para la variante Resistencia en Chaco ($566 millones en 2027 sobre $27.131 millones totales), el soterramiento de la Ruta Nacional 12 en Posadas, Misiones ($322 millones iniciales), la repavimentaciones en la Ruta Nacional 76 en La Rioja ($19.000 millones plurianuales), la Ruta Nacional 38 en Catamarca ($12.279 millones) y obras viales de acceso en la Ruta Nacional 3 en Tierra del Fuego.

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