Polémica por el proyecto de violencia digital: Vargas Aignasse defendió la iniciativa tras las críticas de La Libertad Avanza

Resumen para apurados

La polémica en torno a una iniciativa parlamentaria destinada a regular la violencia digital en la provincia sumó un nuevo capítulo tras los cuestionamientos realizados por La Libertad Avanza (LLA). Ante las críticas que acusaban al proyecto de buscar limitar la libertad de expresión para proteger al poder político, el legislador provincial del oficialismo, Gerónimo Vargas Aignasse, emitió un comunicado en el que defendió el espíritu de la propuesta y aseguró: "Defendemos la libertad de expresión, no la de la mentira".

Los libertarios habían salido al cruce del expediente argumentando que se trataba de una herramienta que otorgaría privilegios a la dirigencia y funcionaría como un mecanismo de censura encubierta en redes sociales. Ante este escenario, Vargas Aignasse consideró legítimo el debate, pero tildó de ilegítimo que se le atribuyan alcances que no posee o que se presente como una decisión institucional consumada lo que todavía es un proceso legislativo en trámite.

En primer lugar, el parlamentario aclaró que en la provincia no existe ninguna ley aprobada sobre la materia. Indicó que la propuesta se encuentra bajo análisis parlamentario en las comisiones correspondientes y calificó de llamativo que algunos sectores -en referencia a la oposición libertaria- exhiban como una decisión de la Legislatura una propuesta que jamás fue tratada por el pleno del cuerpo.  "Desde la emisión del dictamen de comisión, la Legislatura celebró dos sesiones ordinarias sin que la iniciativa fuera incorporada al orden del día ni sometida a consideración de los legisladores", puntualizó Vargas Aignasse.

El punto más tenso de la discusión radica en quiénes serían los beneficiarios de la normativa. Frente a las acusaciones de LLA respecto de un blindaje a la clase política, el legislador oficialista reveló que el dictamen emitido por la comisión incorporó expresamente la exclusión de funcionarios electos y cargos jerárquicos del Estado.  De esta manera, figuras como el gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales, ministros y secretarios no podrán invocar esta herramienta legal en caso de ser aprobada. "La crítica política está protegida. La opinión está protegida. La actividad periodística está protegida", enfatizó el autor del comunicado.

Según los argumentos de Vargas Aignasse, el verdadero objetivo del marco normativo en discusión es proteger a los ciudadanos comunes que son víctimas de campañas de difamación, injurias, hostigamiento digital o publicaciones falsas capaces de destruir reputaciones en pocas horas. "Defender la libertad de expresión no implica aceptar la impunidad de la mentira", cerró.