Patricia Bullrich busca destrabar la reforma del Banco Central en medio de cortocircuitos por la remoción de directores

Debate económico

El oficialismo intenta aprobar el proyecto de la Carta Orgánica sin modificaciones para evitar que regrese a Diputados.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, enfrentará esta semana una prueba clave en su articulación legislativa al intentar destrabar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos neurálgicos del programa económico impulsado por el Gobierno nacional. La senadora apunta a incluir el tratamiento del texto en la sesión convocada para este jueves 24, junto con una iniciativa sobre la regulación del Mercado Voluntario de Carbono impulsada por legisladores de las provincias del Norte Grande.

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Sin embargo, la bancada oficialista enfrenta serias resistencias internas y de sectores aliados respecto al mecanismo de remoción de los integrantes del directorio. Mientras que el proyecto establece que los directores serán designados por mayoría simple en ambas cámaras —retirándole al Senado la potestad exclusiva vigente—, el articulado exige una mayoría agravada de dos tercios de los miembros presentes para disponer su desplazamiento. Esta discrepancia con la norma actual, que permite la remoción por decreto del Poder Ejecutivo previo dictamen parlamentario, llevó a los bloques opositores dialoguistas a condicionar su respaldo a la introducción de cambios en el texto, lo que obligaría a que la iniciativa regrese en segunda revisión a la Cámara de Diputados.

En lo sustancial, la reforma ideada por el Ejecutivo busca limitar de manera drástica el margen de acción de la entidad monetaria para concentrar sus funciones en la preservación del valor de la moneda. Entre sus ejes centrales se destacan la prohibición de emitir para financiar el déficit fiscal del Estado nacional, provincias y municipios, como así también la eliminación de herramientas para el direccionamiento del crédito. Tras avanzar días atrás con iniciativas como la ley de Inocencia Fiscal, el oficialismo aboca sus gestiones a cerrar un acuerdo previo que evite modificaciones en la Cámara alta y garantice la sanción definitiva de la ley.